¿Qué pasó con los donativos del sismo de 2017? No se sabe cómo ni en qué se gastaron

Nayeli Roldan y Arturo del Angel Animal Político – 

En 2017, mientras cientos de personas habían perdido su patrimonio, a familiares, se recuperaban en hospitales y algunos perecían entre los escombros tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, la ayuda internacional comenzó a fluir. México recibió donativos en dólares americanos, canadienses y euros que suman más de 91 millones de pesos, pero no se sabe cómo ni en qué se gastaron.

Tampoco dónde terminaron los donativos del Fideicomiso “Fuerza México” donde se concentró la ayuda nacional, porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución, y no hubo seguimiento al destino del dinero y, por tanto, no se pudo determinar si se utilizó de manera eficiente.

Así lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su evaluación de los trabajos de reconstrucción tras los sismos ocurridos en 2017. Los resultados, revelados en el primer informe de la Cuenta Pública de 2018, también arrojan retrasos, omisiones y fallas importantes en la reparación de hospitales, viviendas y centros educativos.

En el tema específico de los donativos, la revisión comprendió el trabajo realizado con ellos por la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores, entonces encabezadas por José Antonio Meade y por Luis Videgaray, respectivamente.

La Auditoría señaló que la falta de claridad del destino de los donativos tanto nacionales como internacionales se debió a la falta de transparencia y de coordinación entre las dependencias, de transparencia en el registro y seguimiento de los donativos, pero no determinó ninguna responsabilidad a funcionarios ni instruyó a que los Órganos Internos de Control o la Auditoría Superior de la Federación a que sigan investigando.

Tras la catástrofe, el Ejecutivo estimó en 48 mil millones de pesos el costo de la reconstrucción, y ante las escenas de hombres y mujeres trabajando intentando rescatar gente con vida entre los escombros y cientos que literalmente se quedaron en la calle por las afectaciones o derrumbes en sus casas, la ayuda de particulares se monetizó.

Por eso, el gobierno fconstituyó el Fideicomiso Fuerza México para supuestamente “coordinar” y “conjuntar esfuerzos” con la iniciativa privada. De hecho, este instrumento financiero no es ni totalmente público ni privado, toda vez que “el fideicomitente forma parte de la iniciativa del sector privado, liderada por el Consejo Coordinador Empresarial y la fiduciaria fue una entidad pública, Nacional Financiera (NAFIN).

Esto “impidió que las entidades y dependencias del estado mexicano recibieran donativos, los administraran y destinaran a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública, y dejó esa tarea al sector privado. Lo anterior evidenció la falta de un marco jurídico ordinario, en materia de donativos que permita regular los donativos que recibe el gobierno federal”, advierte la ASF en la auditoría de desempeño 52-GB.

Aunque el gobierno federal creó Plataforma Fuerza México donde publicó información respecto al avance de reconstrucción y entrega de apoyos, pero los datos de actualización “no son consistentes entre los apartados de “’Apoyo a la emergencia y “Datos abiertos’”, además, ahí no se publicó información sobre el Fideicomiso.

Por lo tanto, la Auditoría concluyó que la gestión de la Secretaría de Hacienda respecto a los donativos, “fue deficiente, ya que no estableció bases ni lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos; no acreditó que se coordinó con las autoridades correspondientes, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Fideicomiso Fuerza México, para la recepción y distribución de los donativos”.

En la Auditoría de desempeño número 74-GB a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se determinó que sin bien dicha dependencia informó que no recibió aportaciones financieras debido a la instrucción de Hacienda que todo se concentraría en el Fideicomiso Fuerza México y a la Cruz Roja Mexicana, se comprobó que por medio de notas diplomáticas, la Cancillería tuvo conocimiento de 22 aportaciones financieras pero no inscribió todos en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional.

Hasta 2018, se realizaron donativos en dinero que ascendieron a 3 millones 234 mil dólares americanos; 48 mil 494 euros; 20 millones 161 mil pesos mexicanos; 600 mil dólares canadienses y 500 mil pesos filipinos. Lo que a conversión al tipo de cambio a septiembre de 2017 sumó 91 millones 803 mil pesos.

La dependencia sólo reportó 16 apoyos “por tanto, no se contó con un registro de información útil y confiable sobre este tipo de donativos, en tanto, se desconoce la recepción y distribución de las aportaciones”, señaló la Auditoría.

Respecto a la ayuda internacional en especie, entre 2017 y 2018, se recibieron donativos de 18 gobiernos y organismos internacionales que correspondió a 12,267.0 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos de ayuda en especie.

De los 18 donativos, la dependencia sólo reportó 14 y nada más elaboró actas de entrega recepción para 10 donativos. Pero los datos contenidos en ellas, como  el donante, la donataria o la cantidad donada “no son sólidos con la documentación soporte. Por ello se determinó que no se contó con información útil, confiable y oportuna sobre la entrega, recepción y distribución de los apoyos lo que impidió darles seguimiento”.

Solo 1 de cada 5 hospitales dañados están reparados,  y de forma dudosa

De los hospitales que resultaron afectados por los sismos de 2017 en el país, en promedio solo 1 de cada 5 se encuentra supuestamente rehabilitado hasta la fecha, sin que tampoco existan datos que lo acrediten plenamente. Se trata de una atención deficiente de parte de la Secretaría de Salud a un proceso prioritario de reconstrucción.

Así lo concluye una evaluación practicada por la ASF al proceso de atención de los 132 centros de salud afectados en seis entidades, la cual  muestra fallas desde la fase de evaluación de los inmuebles afectados hasta la supuesta conclusión de los trabajos.

El informe detalla, por ejemplo, que en los formatos de los diagnósticos de los centros afectados no se incluyeron cerca de la mitad de los datos que la normatividad marca, entre ellos el de clave de la localidad donde se encuentra el edificio afectado, tipo de centro de salud dañado y su capacidad. Ello, según los auditores, vuelve al diagnóstico poco confiable.

Lo anterior trae como consecuencia que tampoco haya una base sólida y técnica que justifique los 491 millones de pesos que se cuantificaron para la reparación de los centros afectados, monto que ya de por sí es superior en 179 millones de pesos a lo que originalmente se había solicitado, sin que tampoco haya una razón que justifique esta amplia diferencia.