Lo que España podrá enseñar a la Policía chilena
Por Luis Gonzalo Segura/R T
Según se ha publicado en diferentes medios, varios países europeos asesorarán a los cuerpos policiales antidisturbios chilenos ante la crisis que vive el país, que supera los cuarenta días. No parece, al menos en el caso de España —atendiendo a sus actuaciones en Catalunya en los dos últimos años— que la decisión sea muy acertada.
¿Qué puede enseñar España a Chile?
1. Comportamiento deshumanizado
Uno de los elementos más importantes para cualquier cuerpo policial, especialmente aquel que se emplea en situaciones de disturbios, consiste en la humanización de aquellas personas a las que se debe controlar. Para ello, resulta imprescindible que los policías cuenten con un conocimiento preciso y plural en cuanto a información se refiere, para que ello les permita empatizar con los manifestantes. Esta conexión sentimental, basada en información rigurosa, es fundamental a la hora de impedir o minimizar los excesos policiales y restringir las actuaciones a lo imprescindible.
No es, desgraciadamente, lo que hizo España en Catalunya, ya que los medios de comunicación crearon un clima casi bélico, lo que unido al predomino de la ideología extremista en los cuerpos policiales, generó una componente de odio que se puede apreciar con claridad en el vídeo en el que policías españoles acuden a Catalunya al grito de “¡A por ellos, oe!”.
España enseñará a Chile cómo deshumanizar a los manifestantes y convertirlos en enemigos.
2. Condiciones laborales de encierro y aislamiento
Una de los elementos claves para que las actuaciones policiales sean correctas gravita en torno a las condiciones laborales de los agentes. Si estos se encuentran en sus horas de descanso en un entorno relajado, se alimentan correctamente y viven en condiciones saludables, ello permitirá que sus actuaciones sean más mesuradas.
España hizo exactamente lo contrario en Catalunya: encerró a los agentes policiales en un barco en el que las condiciones de vida, casi de reclusión, llevaron a muchos agentes a una situación límite a nivel psicológico.
España enseñará a Chile cómo aumentar el estrés de los agentes policiales para que su comportamiento sea más violento.
3. Al frente del operativo, personas con un tétrico pasado de torturas
Resulta esencial en todo despliegue policial que aquellas personas que adquieren mayor responsabilidad sean personas cualificadas y gocen de una carrera profesional intachable. No hay que ser muy perspicaz para comprender que un operativo dirigido por una persona respetuosa con los derechos humanos tiene mayores posibilidades de resultar exitoso que uno dirigido por aquellos cuyo pasado se encuentra ensuciado por las torturas. Sin embargo, en este caso, España tampoco cumplió con esta premisa.
Al frente del primer operativo en Catalunya (octubre de 2017), el estado Español decidió nombrar al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, el cual fue investigado por un caso de torturas en los años noventa por el cual finalmente no fue condenado, aunque la propia resolución sembraba muchas dudas en cuanto al comportamiento del agente. En el segundo operativo de relevancia (octubre de 2019), el ministro del Interior era Fernando Grande-Marlaska, un ex juez cuyas carencias en las investigaciones de casos de torturas provocaron cinco condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
España enseñará a Chile que nada mejor que un investigado por torturas o un ex juez que no las investiga para asegurar que el operativo policial cometa excesos y brutalidad.
Catalunya: un pueblo marcado para siempre
Durante los dos despliegues policiales españoles en los dos últimos años en Catalunya se han podido ver todo tipo de imágenes violentas, desde agredir en centenares de ocasiones a ciudadanos pacíficos hasta embestir con varias furgonetas a manifestantes (técnica conocida como carrusel) o disparar pelotas de goma y gases lacrimógenos que han tenido terribles consecuencias —varias personas perdieron un ojo—. Incluso decenas de reporteros gráficos han sido detenidos y agredidos. Pero ante todo, queda el terror y el miedo en los ciudadanos. La incomprensión de acciones tan violentas ante unos ciudadanos mayoritariamente pacíficos.
El 1 de octubre de 2017, fecha en la que se planteó un referéndum, fue un movimiento ya no mayoritariamente pacífico, sino absolutamente pacífico. Sin embargó, se cerró con un balance de más de 800 ciudadanos heridos y seguramente el número fue mayor porque no todos pudieron ser contabilizados. No hubo en ningún caso saqueos ni la ciudadanía temió por su seguridad física. Solo fueron personas que acudieron a votar.
En el caso de los disturbios ocasionados en octubre de 2019, tras la condena a los líderes que promovieron el referéndum de 2017, asumiendo la existencia de núcleos violentos —igual que tampoco se puede negar la existencia de infiltrados policiales— la policía española actuó de forma mayoritariamente violenta y desproporcionada, lo que contribuyó de manera decisiva a que los disturbios se intensificaran. El balance final tras cinco días arrojó más de 300 civiles heridos, 194 detenidos, 28 encarcelados y varios millones de euros en daños. Pero la pregunta clave en estos acontecimientos es si era necesario no ya cometer violencia policial, sino actuar.
En aquellos días existía descontento, frustración, dolor… ¿las actuaciones policiales resolvieron o intensificaron aquellos sentimientos? Si la policía no hubiera actuado, ¿los heridos, detenidos y daños hubieran sido mayores o menores? La sensación es que estos hubieran sido menores. No se trataba de incontrolados que pretendieran saquear la ciudad, hablamos de un conflicto con una componente fundamentalmente territorial. Los catalanes no hubieran actuado contra catalanes. Esta es una cuestión que merecería un mayor análisis y debate del que se puede otorgar en este espacio, pero al menos debe quedar esbozado.
Se trata de una mala decisión y una peor solución
Es una mala decisión porque, al menos en el caso de España ha quedado demostrado que no está en condición de aleccionar sobre la cuestión. No es Suecia, Noruega o Dinamarca. Y, además, se trata de una peor solución porque lo que necesita Chile es negociación, cambios profundos, y no control de masas ni porrazos ni carruseles, lo que además, no se adquiere de forma inmediata, sino que requiere de unos plazos mínimos muy superiores a los que Chile necesita. No es sencillo embestir manifestantes con furgonetas, ni apalear pacíficos ciudadanos, ni dejar tuertos a los jóvenes. Hasta la brutalidad tiene su ciencia y su experiencia.
Por otra parte, la decisión revela, por un lado, la falta de formación de la policía chilena, algo que debe anotarse en el debe de sus gobernantes. Y, por otro lado, genera un descrédito en mitad de un conflicto que no resulta lo más adecuado. Agrieta e inquieta más que tranquiliza. No es que el asesoramiento entre países y cuerpos policiales no sea habitual, es que el momento elegido para ello denota improvisación y precipitación.
España no es el ejemplo ni el remedio ni la solución, ni tampoco parece Chile un país que requiera de gran formación en lo de maltratar a su ciudadanía. Si acaso, algo de refinamiento. Si de eso se trata, de refinar, negro futuro le espera a Chile, aunque los porrazos dejen menos marcas.
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