Corte Suprema de El Salvador ordena a Bukele no usar al Ejército en actividades contrarias a los “fines constitucionales”

Por RT Internacional

La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad y emitió medidas cautelares dirigidas al mandatario y al Consejo de Ministros.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó este lunes al presidente Nayib Bukele a abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas para fines que no son los establecidos en la Constitución.

La respuesta del máximo órgano judicial llegó un día después de que el mandatario, acompañado por oficiales de Policía y militares armados, acudió al Parlamento a una sesión extraordinaria convocada por él mismo para discutir un plan de seguridad, alertando a la oposición y a la comunidad internacional.

La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos ante la irrupción de Bukele en la Asamblea Legislativa. Dentro de las medidas cautelares emitidas por el órgano judicial, se ordenó al Ejecutivo a que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos“.  

La Corte también ordenó al ministro de Defensa Nacional, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, a no ejercer “funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”.  

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Consejo de Ministros —integrado por el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado— a cesar los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea y a “suspender los efectos de cualquier acto o norma” que derive del acuerdo de convocatoria impugnado. 

Respuesta de Bukele

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño respondió a las medidas cautelares decretadas por la Corte Suprema de Justicia. 

“El sistema se auto protege. Y así, es como las cosas siguieron igual…”, tuiteó Bukele. 

El viernes pasado, Bukele y el Consejo de Ministros se ampararon en el artículo 167 de la Constitución para convocar de forma extraordinaria a los diputados y obligarlos a sesionar el domingo para aprobar la tercer fase del plan de seguridad ‘Control Territorial’, que implica un crédito de 109 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de euros) para fortalecer la seguridad del país y luchar contra las pandillas.

El mandatario pretende destinar esa cantidad para financiar “movilidad estratégica” por 46,9 millones de dólares, que incluirían la compra de dos helicópteros y un buque, y otros 25,9 millones serían destinados a infraestructuras y cámaras de videovigilancia, entre otros elementos.