Cuando se habla mucho sobre un tema y se exponen diferentes opiniones, es difícil saber quién tiene la razón y quién no. Hasta si el proyecto del que se habla es bueno o malo. El Gobierno de España ha lanzado ya la aplicación móvil oficial de autodiagnóstico e información, AsistenciaCOVID-19, y la sensación que tiene mucha gente es esa: ¿es algo bueno? ¿Tengo que preocuparme por facilitar mis datos?

En primer lugar, recordemos cuáles son los objetivos de la aplicación. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial explicó que buscan descongestionar los teléfonos de atención sanitaria a través del autodiagnóstico en la plataforma, disponible en iOS, Android y en la página web. Allí, se podrán indicar los síntomas que pueden ayudar a detectar el coronavirus. En el caso de dar positivo, se recibirán recordatorios para un seguimiento y también se podrá acceder a información actualizada sobre la crisis de la COVID-19 en España.

Sin embargo, el Gobierno subraya que esta app no es un servicio de diagnóstico médico, “de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos”. Esto significa que aquellas personas que puedan tener complicaciones por la enfermedad, como problemas respiratorios, tienen que seguir acudiendo a un centro médico. La idea es que la app sea únicamente para identificar probables casos nuevos y poder utilizarlos con fines estadísticos y de investigación. Con la esperanza de que estos datos ayuden a gestionar mejor la pandemia en el país.

La app, siguiendo la misma línea de los proyectos que se han llevado a cabo en Comunidades Autónomas como Madrid y Cataluña, está disponible, por ahora, en Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura y Principado de Asturias. A pesar de que el Ejecutivo asegura que progresivamente se ampliará la cobertura, llama la atención que se haya empezado a utilizar en algunas de las comunidades con menos contagiados por coronavirus.

¿La app es realmente necesaria?

El abogado digital Sergio Carrasco explicó en una entrevista anterior con Hipertextual que el Gobierno busca analizar los movimientos en masa y las posibles necesidades de servicios sanitarios. “Si veo que una determinada zona hay una población muy grande, puedo detectar una necesidad de recursos médicos mayor de la que tenía prevista”, aclaró.

El objetivo está claro, pero algunos dudan de su efectividad. Simona Levi, activista y fundadora de la plataforma Xnet, compartió el informe “Datos, ciudadanía e instituciones: un circulo virtuoso para atacar a la COVID-19”, en el que propuso que el autodiagnóstico puede hacerse con un cuestionario online, algo similar a lo que podría ser el chat bot anunciado por el Gobierno. Plantea que tiene sentido que, si el autodiagnóstico es positivo, se establezca una conexión directa con los servicios de emergencia y actuación médica. Pero ¿para qué sirve recoger tantos datos si el resultado es solo ‘Llama al número de emergencia’? “Si los datos recogidos no llegan automáticamente a un canal parejo habilitado en urgencias que active unas actuaciones, no son necesarios. Sería suficiente un cuestionario online con un enunciado final con el número a llamar”.

Existen otras maneras de recopilar datos de la ciudadanía. Por ejemplo, y cómo se hace en Corea del Sur -donde la descarga de la aplicación es una obligación para los ciudadanos-, otra opción es recolectar datos de geolocalización para rastrear a las personas que han dado positivo. Así, se puede saber con quién ha tenido contacto en los últimos 15 días y se controla que cumplan con el confinamiento. También se ha llegado a realizar en varios países un mapa con todos los contagiados, aunque esta medida ha sido criticada porque puede crear estigmas e incluso persecuciones. Pero en la teoría, esta medida permitiría que personas no contagiadas puedan moverse libremente y, señala el informe de Xnet, asegurar el funcionamiento de los servicios mínimos haciendo que los trabajadores encargados de estos servicios asuman menos riesgos que actualmente.

Recordemos que estas medidas son efectivas en la teoría y que no se están aplicando en España. Sabemos que el Gobierno no nos rastreará para controlar si salimos de casa o no, pero no debemos dejar de estar alerta.

No respiramos tranquilos

Uno de los aspectos que causaban más ruido cuando se anunció la puesta en marcha de la aplicación para combatir la COVID-19 fue la geolocalización. Ahora ya tenemos más información. El usuario, en primer lugar, puede desactivarla si así lo desea. Pero, por mucho que esté activada, el objetivo no es el rastreo. La geolocalización se utilizaría para confirmar que nos encontramos en al Comunidad Autónoma que hemos indicado y para poder informarnos acerca de los servicios de salud más cercanos. Nos quedamos más tranquilos, pero no del todo. ¿Qué puede pasar con nuestros datos?

Levi recordó en su informe que según la legislación europea de Retención de Datos, las empresas de telefonía están obligadas a conservar todos nuestros datos (incluso los desplazamientos) durante un período que va de los seis meses a los dos años, según los países. “Luego deben ser eliminados para evitar la creación de un perfilado permanente de las personas, como en época de la Stasi, para entendernos”. Estos datos se recaban para datos policiales, para poder reconstruir casos a través de desplazamientos. Esta opción es la única que se prevé para manejar los datos sin el consentimiento de los usuarios, incluso en casos de emergencia, para evitar tentaciones de vigilancia autoritaria.

Si un tercero pudiera tener acceso a estos datos sería una grave intromisión de la vida privada, alerta Levi, porque desvela a quién hemos contactado, los lugares dónde hemos estado, así como intimidades, vicios y costumbres. Por ello, se plantea una medida que podría ser igualmente efectiva para gestionar la crisis. Todos nosotros tenemos derecho a pedir nuestros datos a las compañías telefónicas y nuestro tratamiento no sería invasivo. Co esa información, podríamos tener una imagen de nuestras actividades en los 15 días anteriores y, en el caso de que tuviéramos el virus, advertir de manera proactiva a las personas que tuvimos contacto y pueden haber sido contagiadas.

Se trataría de automatizar este proceso para que se haga por parte del propio interesado de forma voluntaria y privada, según su voluntad y criterios y así en cadena por parte de las personas contactadas y para los estudios posteriores”.

Esta opción, sin embargo, no se ha planteado en las instituciones.

Simona Levi concluyó que el uso de datos masivos de la población es positivo, siempre y cuando sean anonimizados y abiertos no solo a gobiernos, sino también a la ciudadanía. “El big data debe estar supeditado a reglas democráticas: debe ser un bien común al servicio de la ciencia e innovación ciudadanas y no un bien privativo de gobiernos y corporaciones”. Añade que la transparencia debe dominar las fórmulas con las que los datos son agregados y anonimizados.

Los algoritmos son como recetas de cocina. No nos basta que nos digan ‘No os preocupéis, para explotar vuestros datos aplicaremos una receta de anonimización y agregación’. Necesitamos conocer la receta, sus ingredientes, cantidades y orden de combinación de los elementos”.