Mujeres sufren violencia en casa

 

Jessica Mireles

Ésta mañana a través de una rueda de prensa, el alcalde capitalino, Ulises Mejía Haro, dio a conocer la habilitación —a partir de éste martes— de tres albergues en la entidad derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, en los cuáles, se dará prioridad y atención a tres sectores de la población.

Se brindará asistencia en dichos albergues a personal médico, personas en situación de calle e indigencia, así como a víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de género; a lo largo de la contingencia, se han atendido un total de 2,608 casos de violencia intrafamiliar en los cuáles las mujeres son las víctimas y un 63% de los reportes se le atribuye a los cónyuges o concubinos de las mismas según Adriana Rivero Garza, Secretaria de las Mujeres. Así lo detalló el pasado 15 de abril a través de una videoconferencia.

Asimismo, aseveró que la contingencia ha obligado a la población —no sólo zacatecana— a quedarse en casa y evitar salir de ella al menos que sea de vital importancia, por tanto, las mujeres se han visto obligadas a pasar mayor tiempo con su agresor.

Según Adriana Rivero Garza, un 44% de los casos atendidos obedecen a casos de violencia psicológica; un 30% a violencia física; 18% violencia económica; 7% violencia sexual; 1% violencia patrimonial. Posteriormente, se encontró que más del 40% de los agresores se encontraba bajo el efecto de las drogas y/o alcohol.

Se han atendido durante éste periodo de contingencia alrededor de 264 mujeres víctimas de violencia en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Se determinó que, el espacio contemplado para mujeres y niños víctimas de violencia, tomará lugar en una casa de medio camino, misma en la que podrán resguardarse hasta que un juez dictamine las medidas de protección y el proceso correspondiente a cada caso.

Gobierno del Estado hace la invitación a las mujeres víctimas de violencia mantenerse en comunicación constante con familiares y autoridades competentes durante éste periodo de aislamiento, ya que tales autoridades cuentan con un mecanismo a fin de garantizar su protección.

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