Pedro de León, de la plena felicidad a su detención
En días pasados, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez, estado de México, giró orden de aprehensión en contra de Pedro de León Mojarro, político zacatecano, quien fuera ex coordinador federal de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, entonces liderada por Rosario Robles, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A De León Mojarro se le investiga por el probable delito de delincuencia organizada, además de ser acusado por la contratación de empresas fantasma por un daño al erario por 77.8 millones de pesos.
Al ex funcionario le imputan un ilícito que no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, pero se castiga con 6 meses a 12 años de prisión, con 100 a 300 días de multa, y la destitución e inhabilitación por el mismo periodo que la penalidad.
León Mojarro es hasta ahora uno de los implicados en la Estafa Maestra que la Fiscalía General de la República imputó ante la justicia y no logró que fuera procesado penalmente.
El 3 de abril de 2019, un juez federal de ciudad de México determinó no vincularlo a proceso por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México.
El procesado libró la imputación porque el juez Fernando Payá Ayala resolvió que el convenio anterior no estaba sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público pero el fallo no fue apelado por la FGR y quedó firme.
Ahora la Fiscalía pretende imputar al ex funcionario por el caso de un convenio realizado el 1 de septiembre de 2014, suscrito entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.
Por este contrato, el 8 de diciembre de ese año la Sedesol pagó 77 millones 847 mil pesos a la UAEM, requiriéndole también los servicios de verificación de información y datos personales de los beneficiarios en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Edomex y Veracruz.
La imputación de la Fiscalía, que tiene como base una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), asegura que no se practicaron la mayoría de las encuestas encargadas.
La auditoría señala que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que debían ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, o 15.6 por ciento del total.
Otra presunta ilicitud es que la Universidad subcontrató más de 49 por ciento que marca la ley como límite, pues el 28 de noviembre de 2014 adjudicó a Grupo Industrial y Servicios Yafed la contratación de todos los servicios por 73 millones 160 mil pesos.
Gabriel Rodríguez Informativo Render Noticias.