Apoyos sólo a productores, no a acaparadores: Sader
Luego de señalar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claros intereses en proteger del coyotaje y los acaparadores que lucran con el precio del frijol a los productores zactecanos, el delegado de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) en la entidad, José María Llamas Caballero, dijo que lucharán por tener un precio de grano negro cercano a 17 pesos el kilo.
El delegado dijo que la indicación en esa materia, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es dar un precio piso a los productores de la entidad, por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y no tanto precio de garantía, para que éste sea mayor a 17 pesos por kilo.
En ese sentido, lamentó que debido a ese tipo de problemas, Segalmex permanezca cerrado al momento, ya que prometió abrir sus centros de acopio para recibir cosecha el pasado 1 de noviembre como lo acordó con todos los productores, “pero el hecho es que no reciben frijol”.
El funcionario explicó que Segalmex no puede trasladar sus problemas internos a los productores, quienes requieren a causa de sus deudas e inversiones toda o parte de sus cosechas para solventar necesidades.
Dijo que, ante tal retraso esperan se solucionen los problemas, con el fin de recibir el grano para que éste reciba precios piso y no precios tope.
A causa de la sequía ocurrida el pasado mes de septiembre, el volumen de producción fue mínimo respecto de las expectativas; fue buena pero con ciertas mermas, de modo que los frijoles claros se encuentran por encima de los 20 pesos por kilo, para el caso del amarillo caso contrario al negro, que anda sobre los 10 ó 12 pesos de garantía.
Indicó que los principales lineamientos exigidos por el presidente López Obrador consisten en apoyar, sobre todo, a los pequeños, productores todo el tiempo; los pequeños productores son aquellos que tienen menos de 30 hectáreas de temporal y menos de cinco de riego.
Advirtió que dichas unidades de producción se encuentran plenamente descapitalizadas por lo que las directrices presidenciales consisten en devolverles todo lo que ellos se han adeudado dentro del programa de producción y bienestar, con apoyos por hectárea mediante precios de garantía, lo mismo que en el caso de los ganaderos.