¿Prohibir la censura? Los 10 puntos de la propuesta de un senador de México para regular a gigantes tecnológicos como Facebook y Twitter

Por RT Internacional

La polémica iniciativa busca que los términos y condiciones con que operan las compañías de redes sociales sean autorizadas por el Estado.

El legislador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de México, publicó la iniciativa con la que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador busca regular las operaciones de las redes sociales en el país, luego de la polémica generada por los casos de censura en plataformas como Twitter y Facebook.

A través de un mensaje en sus redes, Monreal difundió su proyecto de ley, que pretende enriquecer con opiniones de expertos antes de presentarlo formalmente ante el Congreso en las próximas semanas.

“Las redes sociales, plataformas digitales, han cobrado relieve y demasiada importancia. Se han erigido no solo en poderosos emporios económicos, sino también en poderosos instrumentos de comunicación. Por esa razón el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que debe ser regulado“, señaló Monreal en un mensaje difundido en redes.

“No puede un ente privado privarte de tus derechos, simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión sin un recurso de defensa”, agregó.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

La iniciativa contempla una serie de medidas, entre ellas: 

1. Las empresas digitales que cuenten con un millón o más de suscriptores o usuarios necesitarán la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para prestar el servicio de redes sociales en México.

2. Una vez conseguida la autorización, las empresas no podrán modificar los términos y condiciones de servicio sin previa autorización del regulador.

3. Los términos para suspender o cancelar cuentas serán definidos por las compañías de redes, pero deberán ser autorizados por el IFT.

4. Las plataformas digitales deberán contar con un área específica para atender quejas por cancelación definitiva de cuentas o perfiles. Un grupo de expertos en derechos humanos deberá emitir una resolución correspondiente en cada caso. También se busca prohibir el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas para resolver estos conflictos.