Arranca el juicio contra Aung San Suu Kyi en Birmania
Por RFI
Este lunes 14 de junio inicia el primer juicio contra la ex dirigente birmana Aung San Suu Kyi, derrocada en un golpe de Estado militar y acusada repetidamente por la Junta. Se examinan dos de los siete cargos en su contra.
Este lunes, la ex dirigente birmana Aung San Suu Kyi es juzgada, en principio, por importar ilegalmente walkie-talkies, incumplir las restricciones relacionadas con el coronavirus durante la campaña electoral y violar una ley de telecomunicaciones.
“El tribunal escuchará a los testigos de la acusación. Aung San Suu Kyi no hablará hoy”, dijo a la AFP uno de sus abogados, Khin Maung Zaw.
Son los cargos menos graves los que se examinan este 14 de junio. En un segundo caso, comparecerá el martes 15 de junio, acusada de sedición junto al ex presidente Win Myint.
La próxima semana se examinarán los cargos de corrupción. La ex jefa de facto del gobierno civil está acusada de haber recibido “600.000 dólares y varios kilos de oro” en sobornos. Su abogado califica estas acusaciones de absurdas y señala que “se puede acusar a Aung San Suu Kyi de muchas cosas, pero la codicia no es uno de los rasgos de su personalidad”, explica la corresponsal de RFI en la región, Carol Isoux.
También está siendo procesada por el uso indebido de terrenos para la fundación benéfica Daw Khin Kyi, que ella misma presidía.
Tribunal especial
Para ello se ha creado un tribunal especial y estrechamente vigilado en la capital, Naipyidó, construida en el corazón de la selva en la década de 1990 por el ex régimen militar.
Aung San Suu Kyi sólo pudo reunirse dos veces con el equipo jurídico que la defiende y cada reunión se limitó a unos 30 minutos. Su abogado dijo que se encontraba algo desorientada tras su traslado a un lugar no revelado el 24 de mayo, y que recientemente había pedido ayuda para obtener productos de primera necesidad, como arroz y aceite. También añadió que Aung San Suu Kyi sólo era parcialmente consciente de la violencia que actualmente asola su país.
La Premio Nobel de la Paz 1991, que fue detenida en la mañana del 1 de febrero y está en arresto domiciliario desde entonces, se enfrenta a procedimientos judiciales diversos que, según sus partidarios, son “fabricados”. Su abogado, que denunció unas “absurdas” acusaciones que pretenden “alejarla de la escena (política) del país y manchar su imagen”, dijo que “nos estamos preparando para lo peor”.