Con Ildefonso Guajardo, la Secretaría de Economía gastó 450 mdp en remodelar oficinas

Durante la gestión de Ildefonso Guajardo como secretario de Economía en el sexenio peñista, la dependencia federal gastó 450.6 millones de pesos en obras de remodelación de su sede principal; los trabajos se retrasaron un año, generaron sobrecostos millonarios para el erario y causaron daños al medio ambiente, de acuerdo con documentación oficial consultada por Animal Político.

La dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Economía (SE) de la actual administración informó que existe un litigio relacionado con la obra, y advirtió que, de confirmarse conductas irregulares de funcionarios o exfuncionarios públicos, se iniciarán los procedimientos pertinentes, los cuales podrían derivar en sanciones administrativas e incluso penales.

Desde 2015, la Secretaría de Economía inició la proyección para remodelar y reforzar su Torre Ejecutiva, ubicada en Alfonso Reyes 30, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, tras haber detectado que el inmueble presentaba deterioros y una inclinación de 30 centímetros que comprometía la seguridad estructural ante sismos.

La dependencia encabezada por Guajardo, quien recientemente fue vinculado a proceso por un presunto enriquecimiento ilícito, adjudicó al menos cinco contratos relacionados con la elaboración del proyecto ejecutivo, el reforzamiento de la torre y adecuaciones al sistema de elevadores, instalaciones de energía, fachadas y pisos.

Durante las obras, la dependencia se mudó temporalmente a la Torre Latino Reforma, ubicada en Paseo de la Reforma 296, en la que ocupó los pisos 18 a 28, en los que también se hicieron adecuaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de muros, carpintería y acabados.

La suma de los cinco contratos suscritos por la Secretaría de Economía, y sus respectivos convenios modificatorios, asciende a alrededor de 450.6 millones de pesos. Todos los instrumentos fueron formalizados durante la gestión de Guajardo como titular de la dependencia.

El contrato más costoso, y el que presentó más retrasos, fue el DGRMSG-65-16 “Reforzamiento de la Torre Ejecutiva”, que entre 2016 y 2018 fue objeto de siete convenios modificatorios  —en poder de este medio— mediante los cuales se ampliaron los plazos de ejecución de los trabajos y se incrementó en 72.4 millones el monto de toda la obra.

El contrato original, suscrito con las empresas Desarrollo de Infraestructura ICG S.A. de C.V. y Grupo Copris S.A. de C.V., que participaron de manera conjunta en la licitación pública, estableció que el plazo de ejecución sería del 2 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2017, por un monto de 292.7 millones de pesos con IVA.

Sin embargo, en los meses subsecuentes, las partes firmaron hasta siete convenios modificatorios del contrato original que validaron retrasos en la entrega y aumentos en el costo final. En la última modificación, se acordó que la fecha de entrega de la obra sería el 31 de agosto de 2018 (lo que implicó un retraso de 346 días), y el monto del contrato se actualizó a 365.2 millones de pesos (cifra 24.75% mayor que la inicial).

En ningún caso la Secretaría de Economía aplicó penas convencionales a los contratistas por los retrasos.

Remodelación produjo toneladas de material tóxico

La Secretaría de Economía suscribió otros cuatro contratos de obras y servicios relacionados con la remodelación de su sede.

Se trata del contrato 0348/2015 para elaborar el proyecto ejecutivo de la obra, suscrito con el despacho Reyval Arquitectos S.A. de C.V. por un monto de 20.4 millones de pesos con IVA; el DGRMS-01-16 “Modernización y mejora del núcleo de elevadores” de la Torre Ejecutiva, suscrito con la empresa Kone México S.A. de C.V. por un monto de 31.2 millones de pesos; el contrato DGRMS-02-16 “Desmantelamiento de las fachadas y desmontaje de todos los pisos”, que tuvo un costo de 19.9 millones de pesos y fue firmado con el proveedor Enlace de Tecnología, Proyectos y Servicios S.A. de C.V., y el número DGRMS-05-16 “Adecuaciones menores e instalación de energía regulada para el inmueble ubicado en Reforma 296”, suscrito con Quadro Arquitectura S.A. de C.V. por 13.9 millones de pesos.

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la SE comenzó con el desmantelamiento de fachadas y pisos sin haber obtenido previamente la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Además, el órgano fiscalizador constató que la dependencia federal no presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el plan de manejo de los residuos peligrosos que se generaron durante la ejecución de los trabajos.

En la auditoría de inversiones físicas 370-DE, la ASF señaló que, en el transcurso de la obra, fueron manejadas 85 toneladas de materiales que contenían asbesto, un residuo definido como peligroso en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.

Incluso, la secretaría tampoco reportó a la Semarnat un plan para el manejo, almacenamiento y disposición de dichos residuos tóxicos.

“La Secretaría de Economía no presentó ante esa secretaría un informe anual sobre la generación y modalidades de manejo a que se sujetarían esos residuos peligrosos; no contrató un seguro ambiental ni tampoco llevó una bitácora en que se registrara el nombre del residuo y la cantidad generada, sus características de peligrosidad, el área o proceso donde se generó, las fechas de ingreso y de salida del almacén temporal de residuos peligrosos, el señalamiento de la fase de manejo siguiente al de la salida del almacén, área de resguardo o transferencia señaladas en el proceso anterior; el nombre, denominación o razón social y el número de autorización del prestador de servicios al que, en su caso, se encomendó el manejo de dichos residuos; y el nombre del responsable técnico de la bitácora”, indicó la ASF.