El caso se construyó a partir de las denuncias de Lozoya y de testigos aportados por este. Con las mismas pruebas y procedimiento fue acusado y encarcelado el exsenador Lavalle Maury.
Por Animal Politico
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, de haber recibido sobornos en el sexenio pasado a partir de tres declaraciones de Emilio Lozoya, de los dichos de cinco testigos aportados por este – dos de cuales se retractaron –, y de la copia del diario de los debates de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la reforma energética.
Se trata de los mismos testigos y pruebas que se usaron en abril pasado para imputar en la trama delictiva al exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, quien desde esa fecha permanece preso luego de haberse presentado voluntariamente a la audiencia. El juez del Reclusorio Norte que lo encarceló es el mismo que ahora ha citado a Anaya a comparecer.
De no presentarse a dicha audiencia, la FGR podría solicitar una orden de aprehensión y una ficha roja a la Interpol en contra del aspirante a la presidencia, lo que lo convertiría en prófugo de la justicia.
Las pruebas en contra de Anaya Cortés y de los otros implicados en este esquema delictivo fueron presentados por los fiscales de la FGR en una audiencia privada realizada en abril ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia. Animal Político tuvo acceso a las transcripciones de dicha audiencia.
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El señalamiento inicial en contra del excandidato presidencial del PAN lo planteó Emilio Lozoya en su denuncia presentada en agosto de 2020 y que amplió posteriormente en dos declaraciones más rendidas en septiembre y octubre de ese mismo año.
En dichas declaraciones Lozoya explica que entre abril de 2013 y agosto de 2014 se formó una organización delictiva a través de la cual se dispersaron 97 millones 190 mil pesos – provenientes de la constructora Odebrecht – entre legisladores del PAN y el PRI. Todo ello a través de múltiples entregas en efectivo y en billetes de denominación de 500 y 200 pesos.
En el caso específico de Anaya, Lozoya sostiene que por instrucción de Luis Videgaray se le habrían entregado 6 millones 800 mil en 2014. El presunto objetivo era que Anaya, quien en ese momento presidía la mesa directiva de la Cámara de Diputados, influyera tanto en su bancada como en el Congreso en general para agilizar la aprobación de la reforma energética.
La entrega de los recursos, según Lozoya, se habría realizado a través de un intermediario de nombre Osiris Hernández, quien recibió el maletín con el dinero en uno de los estacionamientos del Palacio Legislativo de San Lázaro.
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Animal Político verificó en su momento en esta nota que Osiris Hernández efectivamente era una persona cercana al excandidato presidencial del PAN, y que se desempeñó como secretario particular de acuerdo con la página web del Poder Legislativo.
En la carpeta presentada ante el referido juez, la FGR incluyó la declaración recabada el 18 de agosto de 2020 a un primer testigo de nombre Miguel Pérez Esquivel, quien trabajaba como chofer del exdirector de Pemex y de su padre, el empresario Emilio Lozoya Thalmann.
De acuerdo con los fiscales, Pérez Esquivel corroboró que participó en las operaciones de “entrega de dinero en efectivo a funcionarios del Partido Acción Nacional y a legisladores del Partido Acción Nacional”, entre los que figuraba Ricardo Anaya. La entrega de recursos, explicó el testigo, se realizaba siempre entre intermediarios, entre ellos José Velasco Herrera (quien ya falleció), Rafael Jesús Caraveo Opengo (otro testigo colaborador), y una mujer de nombre “Fabiola”.
Otro de los testigos presentados por la FGR para judicializar el caso en contra de Anaya es Froylan Gracia Galicia, exdirectivo de Pemex. En una declaración vertida el 9 de septiembre de 2020, este exfuncionario señaló que recibió en su oficina de Pemex a diversos legisladores panistas quienes a cambio de su apoyo a la reforma buscaban “cobrar diversos favores”.
En el caso específico de Anaya, lo que Gracia Galicia señala es que este presionó para que se concedieran contratos a empresarios cercanos a él. El intermediario en dichas peticiones fue otro panista de nombre Felipe de Jesús Cantú. Según este testigo, Lozoya le autorizó cumplir con las peticiones de Anaya, pues era importante para que transitara la reforma energética.
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Un tercer testigo en el caso es Norberto Gallardo Vargas, exintegrante del Estado Mayor Presidencial y quien laboró como escolta de Lozoya. En un testimonio rendido el 13 de agosto de 2020, esta persona corrobora que se implementó una operación para entregar dinero a legisladores panistas entre los que figuraba Anaya.
La FGR también recabó los testimonios de dos excolaboradores de Lozoya en Pemex: Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, quienes en declaraciones iniciales confirmaron que se implementó una estrategia de sobornos a legisladores por órdenes directas de Luis Videgaray.
Sin embargo, dichos testigos se retractaron posteriormente y se negaron a ratificar sus dichos. No obstante, el juez Fuerte Tapia consideró que eran datos de prueba válidos para sostener inicialmente que existió la presunta asociación delictiva de la que Ricardo Anaya sería parte.