El endeudamiento de López Obrador
Entre los analistas de nuestra economía ya está descontado que la nuestra está en proceso de sufrir una ‘década’ perdida. Ya es ampliamente reconocido que el PIB per cápita que se tenía al fin de 2018, que además había crecido lentamente durante los 18 años previos, no se alcanzará sino hasta 2025 o 2026 en el mejor de los casos. Quizá si se complete la década de estancamiento.
Las razones son varias y se han estado complicando cada vez más. La falta de inversión por la incertidumbre en la vigencia del Estado de derecho, la criminalidad y la pérdida de control territorial por parte del Estado, el empobrecimiento generalizado por los estragos económicos de la pandemia y la ausencia de políticas compensatorias del gobierno que están restringiendo la recuperación del consumo, y un horizonte internacional que vaticina recesión, altas tasas de interés e inflación hacia fin de año y durante 2023 y quizá 2024, con importantes implicaciones sobre la economía mexicana. Se pueden enumerar más causas, pero no es el punto de la columna.
La preocupación es qué va a suceder con la situación económica específica de México, además del bajo crecimiento que vamos a seguir experimentando. Quisiera referirme a la situación de las finanzas del gobierno, el tipo de cambio y el endeudamiento público. Empecemos por los ingresos. El letargo de la economía se reflejará en la recaudación impositiva, que también será poco dinámica. Después de tres años de tomar de los ahorros de gobiernos anteriores (fondos, fideicomisos, etcétera), los guardaditos ya se han evaporado. También ya se han ingresado los impuestos que estaban en litigio (y que muchas veces el SAT logró cobrar con presiones fuera de los tribunales), sobre todo de los grandes contribuyentes. Los ingresos petroleros, con precios del crudo por los cielos, se contrarrestan casi al 100 por ciento con los subsidios a la gasolina, de modo que no son una fuente de ingreso fiscal relevante. En concreto, en ausencia de una reforma fiscal importante, lo cual no va a ocurrir no solamente porque el presidente así lo ha dicho sino porque la economía no lo permitiría, el margen para aumentar de manera significativa los recursos fiscales son magros.
Son los egresos los que atraen los nubarrones. Primero, es necesario comentar que las reducciones de presupuestos son cada vez más limitadas. Se han eliminado programas y muchas instituciones han sufrido recortes presupuestales. Ya no hay mucha tela de dónde cortar. Por el contrario, hay varios componentes del gasto público que ya se sabe que van aumentar, de manera estructural, y no hay mucho que se pueda hacer para evitarlo. Los principales son pensiones y el servicio de la deuda.
En cuanto a las pensiones, Carlos Urzúa nos hizo un cálculo del costo de las pensiones universales en una columna el año pasado. Los datos no han cambiado mucho. Él calcula que el gasto necesario para cubrirlas en 2024 será de 360 mil millones de pesos (en lugar de los 120 mil millones que se gastaron en 2020). El aumento se debe tanto a la reducción de edad decretada por López Obrador de 68 a 65 años, como por el aumento al doble del monto de la pensión universal para llegar a 6 mil pesos bimestrales. A ese gasto se requiere aumentar los montos destinados a las pensiones de los trabajadores y beneficiarios del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y de las Fuerzas Armadas. Este monto crece por el número de personas que llegan a edad de jubilación y por la inflación. Para estas otras pensiones se calcula que el gasto público adicional llegará a por lo menos 380 mil millones de pesos a fin de 2024, que representará al menos 1.2 por ciento del PIB en 2024.
Y en cuanto al servicio de la deuda pública, el aumento de su monto como el de las tasas de interés presionará la cantidad de recursos que se destinen a su pago. Para 2024, de mantenerse el tipo de cambio y las tasas de interés que se esperan para fin de este año, se calcula que el aumento del servicio de la deuda será de al menos 200 mil millones de pesos, o alrededor de 0.7 por ciento del PIB actual.
Así, en conjunto, el gasto que irremediablemente aumentará es de unos 820 mil millones de pesos para 2024 (sin contar la inflación), que equivaldrá a alrededor de 3.0 por ciento del PIB en ese año. ¿De dónde sacará los recursos el gobierno federal para cubrir ese gasto adicional? Ya vimos que los ingresos no podrán aumentar significativamente, y que será difícil disminuir otros gastos. Por tanto, el camino que le queda al gobierno es el endeudamiento público, que lo llevará a por lo menos el 54 por ciento del PIB a fines de 2024. Ello significa que durante el sexenio de López Obrador el endeudamiento habrá aumentado del 44.9 por ciento del PIB que dejó Enrique Peña Nieto (el cual lo tomó en 37.2 por ciento del PIB en 2012), al 54 por ciento del PIB que dejará López Obrador al dejar la Presidencia. A pesar de la retórica oficial, López Obrador habrá endeudado al país más que De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. El nivel de su endeudamiento corresponderá a los montos en que nos endeudaron José López Portillo y Luis Echeverría, cuyos periodos se conocen como la docena trágica de nuestra historia contemporánea.