Juez da 40 días a la FGR para crear el Banco Nacional de Datos Forenses; la dependencia incumple desde hace más de cuatro años

Hasta ahora deben, por cuenta propia, procurar que sus perfiles genéticos sean cotejados en cada entidad donde pudo haber ocurrido la desaparición, llevándolos personalmente a cada una de las fiscalías estatales.  

“Al haber un verdadero banco tendríamos la seguridad de que nuestro familiar no se encuentra en otro municipio o estado”, dijo.

Eso la llevó a interponer el amparo el 30 de agosto de 2021, cuyos resultados reflejan la lucha de todas las madres que han fallecido sin saber dónde están sus familiares, porque no es fácil buscar a una persona ausente sin los mecanismos que deberían proveer las autoridades. 

En conferencia de prensa, César Contreras, abogado del Centro Pro, detalló que existen cerca de 34 bases de datos genéticos diferentes en México, pero los estados no comparten la información que tienen actualizada y en tiempo real, por lo que se calcula que la FGR solo cuenta con uno de cada tres perfiles genéticos de todo el país.

La resolución del juez es un precedente en materia del derecho de todas las personas a ser buscadas y, en su caso, identificadas, así como a la verdad y la justicia. 

En el año de litigio que tomó esta resolución, la Fiscalía no aportó ninguna prueba de que el banco exista.

En el más reciente informe de su visita a México, el CED de la ONU expresó su preocupación por que a cuatro años de la entrada en vigor de la ley, no se ha creado un banco nacional de datos forenses, un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni un registro nacional de fosas.

En la resolución se reconoce que hay una grave crisis de desaparición, particularmente en Guanajuato, y a partir de ello se determina que existe un derecho a la identificación humana, explicó Contreras. La inexistencia del banco dificulta la búsqueda y desaparición de las personas en general.

El juzgado también expresó que no es ajeno al dolor que provoca su desaparición, y reconoce que los familiares se han visto obligados a implementar por cuenta propia acciones de búsqueda e investigación. 

La exigencia de su creación no se refiere solo a la existencia de la herramienta tecnológica, sino a que esta sea operativa y que permita la recuperación de datos en morges y fosas comunes, que han permanecido olvidados en las fiscalías. “Llamamos a la #IdentificaciónYa, y a que por fin las fiscalías del país den una respuesta institucional a tantas familias”, dijo Contreras. 

Cuatro años sin cumplir la ley

La Ley General en materia de desaparición establece, en su tercera sección, que el Banco Nacional de Datos Forenses debería conformarse con “las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las entidades federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real”. Del mismo modo, prevé su interconexión con las herramientas de búsqueda e identificación y con personal capacitado.

A ese respecto, Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), subrayó que el cumplimiento de la creación y puesta en marcha del banco no requiere que la FGR parta desde cero, sino precisamente que recopile y coordine el intercambio y cruce de información de las bases de las entidades federativas para conformar el banco nacional. 

De acuerdo con la ley, la función del banco tendría que complementarse mediante cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como con un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, y otros instrumentos que puedan contener información forense relevante para la búsqueda de personas.

El instrumento debería contar con información pericial forense para la identificación de personas, del mismo modo que con una base de datos de información genética de los familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o en segundo grado en línea colateral, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como la de terceras personas en los casos que las autoridades ministeriales o judiciales la requieran como datos o medios de prueba.

Aunado a ello, la Ley General detalla que las fiscalías y procuradurías locales deben coordinar la operación de su respectivo registro y compartir de manera permanente la información con la FGR, que tendría que emitir lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan los datos de manera homologada. Además, debería administrar un Registro Forense Federal. 

La operación del banco requeriría también de una coordinación clara entre fiscalías locales, la FGR; y los órganos autónomos de búsqueda. Su funcionamiento sería también de utilidad para otros mecanismos, como el Centro Nacional de Identificación Humana.

La cifra de personas que yacen hasta hoy en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense podría ser mucho mayor al cálculo de 52 mil. La falta de un Banco Nacional de Datos Forenses impide contar con una estadística actualizada.

“Gracias, Olimpia”

“Gracias, Olimpia, porque al haberte atrevido a desafiar al sistema y a poner el nombre de Marco Antonio en una demanda de amparo, nos estás ayudando a buscar a todos nuestros desaparecidos en México. Quiero expresarte mi más profundo agradecimiento por demostrarnos que desde que ya no están, no existe el miedo”, expresó en conferencia de prensa María Luisa Núñez Barojas, del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla.

Aseguró que familiares y colectivos celebran que la lucha y el dolor de las familias han logrado hacer eco en un juez federal que se convirtió en la máxima esperanza al no obtener respuestas.

“En Puebla no se ha logrado derribar ese muro. Nosotros hemos tenido que caminar un viacrucis en el que no hemos obtenido resoluciones favorables ni con amparos”, lamentó.

La resolución del juez es, para el resto de familias que buscan, una acción esperanzadora. La sentencia abre la puerta a trabajar en el importante rezago en materia forense en el país. Que exista una autoridad que no sucumba ante los discursos del gobierno y la fiscalía general significa que se pone a las familias al centro y se anteponen sus derechos, dijo María Luisa.

Recordó que las instituciones deben estar al servicio de la comunidad y de los ciudadanos, y ya que no han cumplido con garantizar la seguridad para no tener una crisis de desapariciones, deben atender la disposición legal de crear el banco.

“Es una deuda que jamás nos van a pagar; no van a resarcir el daño y lo que la ineficacia del Estado ha generado a las familias en México. Esta sentencia es un paso agigantado; significa un rayo de vida para quienes hemos perdido confianza en las instituciones. Las familias acuden todos los días a buscar entre los muertos, ya que no se garantiza la identificación ni la búsqueda en vida”, reclamó.

Subrayó la importancia de que este mecanismo sea operante, y no se cree solo como uno más. El integrante de las Fundem añadió que estas acciones no solamente benefician un caso, sino que permiten que el camino de otras familias sea menos doloroso y tortuoso. 

Ante una fiscalía que ha actuado de forma criminal, señaló, y si tras la resolución no cumple con el deber de poner en marcha el banco, la pregunta para el Estado es si, de la misma manera como ha obligado a las familias a hacerse cargo de la búsqueda, también está esperando a que sean ellas las que creen un sistema nacional forense.

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