Aplazaron audiencia de Emilio Lozoya por la muerte del testigo principal en el caso Agronitrogenados
“Nosotros seguimos en cooperación firme y permanente con las autoridades”, comentó el abogado Miguel Ontiveros Alonso
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, debía presentarse este viernes ante un juez federal para decidir sobre su futuro procesal y si el acusado puede llevar su juicio fuera de la cárcel, sin embargo, la audiencia fue diferida debido a la muerte del principal testigo de la defensa, Edgar Torres Garrido, ex director de la filial de fertilizantes de Pemex.
La defensa solicitó aplazar diez días la audiencia intermedia para preparar sus elemntos de prueba ante el deseso de Torres Garrido, ocurrida apenas en septiembre.
De acuerdo con la defensa del exfuncionario, Lozoya sigue colaborando puntualmente con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que no existe razón para negarle su salida del reclusorio.
“Nosotros seguimos en cooperación firme y permanente con las autoridades”, comentó el abogado Miguel Ontiveros Alonso, quien espera la aceptación del acuerdo reparatorio por parte de Pemex para determinar si Lozoya puede seguir su proceso en libertad.
El ex directivo de Pemex se presentó este viernes, al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, para llevar su defensa por los casos de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y los sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
La diligencia de este viernes 4 de noviembre correspondía al caso Agronitrogenados y será conducida por la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes. En esta jornada, previa al juicio, se espera que se presenten los elementos de prueba por parte de la Fiscalía y la defensa, las cuales serán valoradas por la juzgadora para ser admitidas o rechazadas.
Las posibilidades de Lozoya para dejar la cárcel
Emilio Lozoya podría llevar su proceso judicial en libertad porque su defensa promovió un amparo para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en su contra por los presuntos casos de corrupción.
El pasado miércoles 7 de septiembre, un Tribunal Federal otorgó el recurso al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso del entramado de sobornos de Odebrecht, con lo cual se abrió la posibilidad para que el ex funcionario abandone el Reclusorio Norte.
Específicamente, Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó que se estudie nuevamente el caso para emitir un nuevo pronunciamiento en relación al estatus jurídico de Lozoya Austin, lo cual no garantiza que el economista del ITAM quede en libertad, sino que abre la posibilidad de que él, con una nueva determinación, pueda llevar su proceso fuera de prisión y bajo la aplicación de cualquier otra medida cautelar.
Cabe destacar que el pasado 8 de abril, Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, confirmó aplicar la prisión preventiva oficiosa en detrimento de la libertad de Emilio Lozoya, misma que había sido promovida desde el 26 de enero por José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
La FGR obstaculiza la libertad de Lozoya
Un día después de que la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó estudiar de nuevo el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó dicho amparo.
El 8 de septiembre la FGR aseguró que Lozoya podría tener acceso a 2 millones de euros de la empresa JF Holding, de la cual es accionista, recursos que le facilitarían huir del país de nueva cuenta, entre otros.
Si bien la sentencia de la magistrada Rodríguez Escobar no ordena la inmediata libertad de Lozoya, sí que se revise su caso y se resuelva si se confirma, modifica o revoca la medida cautelar, debido a que en el amparo que le concedió considera que se cometieron violaciones formales de fundamentación y motivación en la resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, tras resolver un recurso de apelación.