Cerros de excremento enferman a la población y contaminan cenotes en Hunucmá, Yucatán

Por: Andrea Vega/Animal Político

El excremento producido por una granja de vacas en Hunucmá, Yucatán, libera grandes cantidades de contaminantes sobre un sistema de ríos subterráneos que abastecen cenotes.

Cientos de toneladas de excremento de vaca están abandonadas al aire libre en Yucatán. Las dimensiones del excremento son tales que generan una cordillera de estiércol que estaría liberando grandes cantidades de gas metano y óxido nitroso, causantes de contaminación ambiental, crisis climática y enfermedades pulmonares en la población. 

El excremento, que equivale a la carga de 100 camionetas pequeñas tipo LUV, está en terrenos aledaños a una granja de vacas asentada a las afueras de una comunidad maya en el estado de Yucatán. La granja se encuentra justo encima de un sistema de ríos subterráneos que abastecen cenotes y pozos de donde toma agua la población. 

Un perito en materia forestal encontró los alrededor de 100 montículos de excremento cuando fue a revisar el lugar, como parte de los peritajes de un juicio de amparo interpuesto por los pobladores.

Desde 2016, los habitantes de la comunidad maya de San Antonio Chel, en el municipio de Hunucmá, en el noroeste de Yucatán, denunciaron ante las autoridades la existencia de la granja de unas 900 cabezas de ganado, que operaba sin los permisos necesarios y que estaría contaminando el agua de los cenotes, el suelo y el aire. 

“La granja operaba sin permisos porque las autoridades ni siquiera podían expedirlos, el tipo de actividad ganadera que tiene es incompatible con el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán, POETY (un instrumento de política ambiental para regular el uso de suelo y las actividades productivas) y con el Programa de Desarrollo Urbarno (PDU) del municipio de Hunucmá”, explica el abogado y activista Carlos Escoffié, quien lleva la defensa de los pobladores. 

Esa incompatibilidad se deriva justo del impacto que puede generar en la zona: el suelo es frágil por la presencia de rocas calizas que se disuelven ante el efecto del agua, además, el manto freático está muy cerca de la superficie. Es fácil que los desechos del ganado se filtren al subsuelo. 

Por eso es que aquí solo se permite la actividad agrícola y eso justo pensaron los pobladores que se haría. Jaime Hernández Can, poblador de San Antonio Chel cuenta que a través de un intermediario la empresa Yuca Agroalimentos, propietaria de la granja, compró a la comunidad los terrenos de uso común.

“Nos dijeron que iban a sembrar, que habría viveros y que nos darían trabajo. Nos engañaron, ya después nos dimos cuenta que estaban construyendo los corrales”.

Los pobladores denunciaron la operación de la granja ante las autoridades municipales y de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán (Seduma), pero nada pasó. “Las autoridades ni siquiera fueron a hacer inspecciones”, dice Escoffié. 

Empezó el mal olor en la zona, dice Jaime Hernández, “hasta el agua olía mal y los niños se empezaron a enfermar, no solo del estómago, también de las vías respiratorias”. 

Frente a la inacción ante sus denuncias y los efectos en el área, los pobladores interpusieron, en marzo de 2019, una demanda contra las autoridades municipales, estatales y federales por permitir la operación de la granja y por no ejercer sus facultades de control y supervisión. 

Durante el juicio, los pobladores y sus abogados demostraron que la granja no tenía los permisos necesarios. Como medida cautelar, el Juzgado Segundo de Distrito ordenó a la CONAGUA, a la ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (antes Seduma) y al municipio de Hunucmá que ejercieran sus facultades de fiscalización y control sobre la granja para determinar si se estaba poniendo en riesgo al medio ambiente sano.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable procedió a hacer las inspecciones y solicitó la suspensión progresiva de la granja por no contar con las medidas necesarias para prevenir y mitigar daños al medio ambiente.

Las autoridades encontraron, durante un recorrido de inspección en el que incluso se usaron drones para tomar fotos aéreas, que la granja no cumple con la canalización de aguas pluviales, no tiene un biodigestor adecuado para los desechos ni medidas de mitigación para los malos olores.

Ante esto, la dependencia estatal procedió a la suspensión de actividades de la granja, en el entendido de que se abstuvieran de ingresar más animales en cuanto no cumpliera con una serie de medidas. Pero no reportó haber encontrado montículos de excremento. 

No fue sino hasta una semana después, cuando se realizaron diversos peritajes para el juicio, que un perito en material forestal los descubrió en unos terrenos al lado de la granja, también propiedad de la empresa. 

“No es que fuera tan difícil encontrarlos, están en un terreno al lado de las naves de la granja. Son propiedad de la misma empresa, que supuestamente los va a usar para ampliarla, antes de la medida cautelar del juez habría ahí unas 900 cabezas y la pretensión era llegar a las 20 mil”, dice Escoffié. 

Animal Político solicitó una entrevista con la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán para saber por qué no actuó antes para inspeccionar la granja y cómo va a proceder ante el hallazgo del excremento, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. 

Por su parte, el 16 de octubre, la CONAGUA –que tampoco respondió a la solicitud de entrevista– otorgó a la granja los permisos para tratamiento de agua de los cuales carecía desde que inició sus operaciones y la concesión de aguas del suelo por un volumen de 336 mil 792.50 metros cúbicos anuales, de acuerdo a la resolución de las solicitudes de la empresa de las que Animal Político tiene copia. 

El juez respondió a esto, explica Escoffié, que la orden era ir a inspeccionar no otorgar o no permisos “y es hasta entonces que CONAGUA va y toma muestras del agua para evaluar si está contaminada, de esas pruebas estamos esperando los resultados”. 

Cecilio Bacab, habitante de la comunidad, señala que con todo esto no solo se ha demostrado la contaminación de la zona, sino la impunidad con la que ha operado la granja. “No tenían permisos prácticamente de nada, pero funcionaban sin que las autoridades interviniesen. Los de Desarrollo Sustentable vinieron, pero ni siquiera revisaron todos los terrenos y no vieron todos esos cerros de excremento”.

Carlos Escoffié Duarte y Guillermo Solís, abogados de la comunidad maya de San Antonio Chel, señalaron que este hallazgo demuestra que las dimensiones del riesgo ambiental son incluso mayores a las que se pensaban.

“Lo más preocupante es que esto es solo el caso de una granja, en la península de Yucatán hay cientos, que pueden estar operando así, sin permisos y sin lo necesario para mitigar su impacto ambiental, porque al parecer las autoridades sólo actúan bajo presión judicial, hay que llegar a la vía legal para conseguir que hagan su trabajo”, advierte Escoffié. 

De acuerdo a un estudio de la organización GeoComunes y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) sobre megaproyectos en la península de Yucatán, solo en este estado hay un millón 116 mil 272 cerdos en pie, a eso hay que agregarle las 479 mil 351 cabezas de ganado bovino que reporta INEGI para entender el impacto que las granjas tienen en esta zona de suelo poroso, múltiples cenotes y escasa aplicación de la normatividad.