Desabasto de medicinas en México: malos procesos, compras de emergencia y contradicciones del gobierno
Por Animal Politico
Distintos datos muestran fallas en los procesos y desabasto de medicamentos, mientras el gobierno de López Obrador ha incurrido en contradicciones sobre el problema, a veces negándolo.
Poco después de llegar a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador cambió el sistema de compras de medicinas que había prevalecido en el gobierno anterior, acusando corrupción. Prometió que así no habría desabasto de medicamentos, ni para los niños con cáncer ni para nadie más.
Sin embargo, especialistas consultados explican que más allá de sus promesas y la evidencia de que en el pasado pudieron existir malas prácticas y sobreprecios, con el cambio de administración y la nueva forma de adquirir los fármacos aún no se ha logrado asegurar un acceso constante y eficaz a los medicamentos.
Lo que se ha tenido, señalan, es improvisación y compras de emergencia, dando primero la tarea de adquirir las medicinas a Hacienda, luego al Insabi, y a la postre recurriendo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), sin prever antes las complejidades y posible desabasto al cambiar de tajo el esquema.
Documentos oficiales, reportes de la industria farmacéutica, quejas ante la CNDH (al menos 72 por presunta omisión en dar medicinas a niños con cáncer de enero de 2019 a febrero de 2020, previo a la pandemia), los propios dichos de funcionarios y las denuncias de familiares de pacientes documentan el desabasto o el retraso en las compras de medicinas, agravado por la crisis COVID. Esto, mientras el gobierno ha tratado de minimizar el problema, o incurrido en contradicciones.
Sobre la carencia, están datos como este: de julio de 2019 a junio de 2020 (es el informe más reciente del Instituto) el IMSS recibió 5,476 quejas por la negativa de medicamentos. Hubo un incremento en las quejas de 721%, respecto al periodo de julio 2018 a junio 2019.
En el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, de julio de 2017 a junio de 2018, el Instituto había registrado 451 quejas por negativa de medicinas.
Respecto a que el problema de desabasto continuó a finales de 2020 y se extendió a 2021, están los reportes sobre retrasos en las compras de medicinas por medio de la UNOPS, reconocidos por el propio Insabi en este informe.
Los señalamientos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) sobre que 12% de las claves de medicinas quedaron desiertas en el proceso de compra consolidada para 2021, en febrero.
Y está también la declaración que hizo el propio López Obrador, aceptando el 29 de junio pasado que aún no se tenían las medicinas necesarias para atender casos de cáncer, pero que se estaban haciendo esfuerzos para obtenerlos.
“Ya estamos consiguiendo todos los medicamentos, hay medicamentos oncológicos que son mucho, mucho, mucho muy difíciles de conseguir”, dijo.
Al tratar de ubicar cifras sobre el caso específico de los medicamentos oncológicos, si bien el propio gobierno ha reconocido sus dificultades para comprarlos, no se encontraron reportes estadísticos oficiales sobre quimioterapias realizadas, personas atendidas con tratamientos o alguna otra estadística similar, que permitan hacer comparaciones adecuadas y dimensionar el problema. Se buscó al respecto en las secciones de informes y transparencia de instituciones como IMSS, ISSSTE, Incan, Insabi y Secretaría de Salud.
En cuanto a la compra de medicamentos de ese tipo, si bien se constatan los problemas para adquirirlos, tampoco se encontraron suficientes datos públicos para hacer comparaciones precisas, pues el gobierno ha publicado datos dispersos e insuficientes. El IMSS, cuando era el encargado de las compras consolidadas, sí había publicado informes comparables de adquisiciones al menos de 2016 a 2018.
Ya sobre la actual administración se halló, por ejemplo, el reporte de Hacienda de las compras de 2019, con una adquisición menor del medicamento metotrexato (máximo de 397 mil piezas adquiridas), en comparación a las unidades adquiridas en 2018 (873 mil) y 2017 (815 mil).
En cuanto a 2020, el informe del Insabi incluyó algunos datos sobre sus compras y distribución de medicinas en los estados.
Sin embargo, ya sobre 2021 no se tiene aún un reporte similar. En Compranet se encontró el reporte de contratos sobre las compras de ese tipo de medicinas, pero sin mayor detalle sobre la cantidad de unidades de medicamento adquiridas, o su precio.
Animal Político solicitó una entrevista al Insabi, institución que actualmente se encarga de coordinar la compra de medicamentos con la intermediación de la UNOPS, pero no respondieron.
“Sí había corrupción, dejaron corrupción en muchos temas, eso no lo vamos a negar, en Salud y en muchos temas (en gobiernos previos)”, afirma Sofía Charvel, especialista en derecho y salud pública.
“El problema es que, al entrar la nueva administración, destruyeron o quitaron la compra consolidada que el IMSS venía haciendo ya por más de 10 años, que funcionaba y funcionaba muy bien”.
Comprar medicamentos requiere de un proceso muy complejo que no puede darse de un día para otro, menciona, y el IMSS ya había desarrollado un nivel de especialización para hacerlo.
Sobre lo anterior, vale la pena acotar que si bien el Instituto pudo lograr ese nivel de especialización, también existen investigaciones y datos de la Auditoría que muestran que, con el Instituto al frente de las compras, hubo señalamientos de corrupción, sobreprecios y, sí, en ocasiones falta de medicinas.
De 2014 a 2018, según el Centro de Investigación Económica, “el número de personas que pagaron por medicamentos incrementó en 4 millones 61 mil 906 personas, al pasar de 26 millones 459 mil 376 personas a 30 millones 521 mil 282”.
El sistema público, desde entonces, ha fallado en garantizar medicinas a todos los pacientes.
AMLO vs empresas farmacéuticas
El nuevo gobierno concluyó el sistema de compra consolidada a cargo del IMSS, que había operado desde el 2013. Según López Obrador era necesario cambiar, pues había señales de corrupción y de un oligopolio de farmacéuticas.
“El año pasado (2018) se compraron 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación, y no había abasto suficiente. Tres empresas vendían el 70% de todos los medicamentos al gobierno… Pues eso ya se terminó”, dijo el presidente en 2019.
En marzo de ese año, su gobierno emitió una circular en la que vetaba a farmacéuticas y distribuidoras como Dimesa, filial de Pisa.
Ese fue un punto clave en esta historia. El gobierno de López Obrador se confrontó con las empresas que habían sido las principales proveedoras de medicinas (incluyendo las oncológicas) en el sexenio anterior, acusando malas prácticas, y optó a la postre por suplir en parte ese suministro con compras en el extranjero, con las dificultades que eso conlleva.
Antes de que iniciara su mandato, la ASF y la Cofece ya habían señalado la existencia de “un esquema de colusión” en las adquisiciones de medicinas entre 2009 y 2015, que había llevado a un sobrecosto de por lo menos 174.8 millones de pesos.
La ASF señaló en 2019 un “desabasto de medicamentos que existe a principios de cada año tanto en el propio IMSS, como en otras instituciones de salud”, lo que propició una auditoría a su sistema de compras.
En el mismo sentido, una investigación de la organización PODER sobre el periodo de 2008 a 2018 concluyó la existencia de “un sistema cooptado por las grandes distribuidoras y laboratorios farmacéuticos”, con el que el IMSS pagó sobrecostos en medicinas por unos 18 mil millones de pesos.
La industria farmacéutica nacional se ha defendido explicando que en otros países también se tienen grupos pequeños de empresas especializadas, que gracias a su experiencia obtienen contratos, sin ser necesariamente oligopólicas.
En el inicio de su administración, los datos sobre presunta colusión y sobreprecios parecían dar la razón al presidente. Pero sin el IMSS a cargo y haciendo a un lado a ciertas empresas farmacéuticas, su gobierno se encontró con el reto de armar un plan de compras. Y comenzaron nuevas dificultades.
Asignaron la tarea a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque al tratarse de movimientos tan complejos, explica Charvel, dicha Secretaría no obtuvo el éxito esperado en concretar las compras de medicinas, y muchas claves quedaron desiertas.
La Auditoría Superior evaluó duramente a Hacienda y a Salud, por su labor en la compra de medicinas, señalando que en 2019 -previo a la pandemia de COVID-, fueron deficientes e incluso opacos, pues no se aplicaron mecanismos de evaluación adecuados y “no se propiciaron las mejores condiciones de compra para el Estado, ni se garantizó el cumplimiento del derecho de protección a la salud” de la población.
La responsabilidad de las operaciones pasó después al Insabi. Mientras se daban esos ajustes, explicó Andrés Castañeda, especialista en Salud y Políticas Públicas, se extendieron los contratos establecidos en 2018 hacia la primera mitad de 2019, para hacer frente a la falta de medicamentos.