Despidos injustificados y concesiones dudosas en la Junta de Conservación de Monumentos

Por: Kristina S. Acosta
Rafael Sánchez Preza, director de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, compareció ante la 63 Legislatura del Congreso del Estado en la que los diputados le hicieron cuestionamientos referentes a los despidos injustificados que ha realizado la instancia y las concesiones dadas a las “personas con dinero”, como el ex Gobernador, Miguel Alonso Reyes, cosas que no respondió.
Después de un informe donde el funcionario aseguró “se hace mucho con poco” y una solicitud de aumento al presupuesto para el 2020, los diputados le preguntaron sobre el ambiente de hostilidad que viven los trabajadores, las trabas para un permiso de intervención, la falta de voluntad para unificar criterios y las concesiones con personas allegadas a él.
El diputado Javier Calzada aseguró tener muchas dudas sobre su actuar al frente de la dependencia donde se toman decisiones unilaterales desde la dirección, con malos tratos a los trabajadores, despidos injustificados y “un criterio flexible para los que tienen e inflexible para los que no”.
Mencionó que la ampliación de los hoteles de la Merced y Santa Rita, además de la concesión para que un hotel “del que es dueño el ex gobernador Miguel Alonso Reyes” incumplen con las reglamentación, sin embargo obtuvieron el permiso correspondiente de la junta.
Precisó que Congreso del Estado ha solicitado una construcción para oficinas y ha sido negada por la propia junta, además de tener diversas quejas de particulares, constructores y defensores del Centro Histórico en contra de la junta de monumentos.
Por su parte la diputada Alma Dávila le entregó un documento con los nombres de 16 personas que ya interpusieron una demanda ante la Auditoria Superior del Estado y le solicitó el porqué se les despidió.
Mónica Borrego Estrada le pidió un informe sobre las acciones del gobierno del estado para la conservación, al igual que de las sesiones de consejo, además de solicitar quitar el aparato de monitoreo ambiental que “afea” la explanada del Congreso del Estado.
A todas estas peticiones Sánchez Preza solo contestó que se las hicieran llegaron por escrito, argumentando que no se podía ventilar esa información así como así porque había procesos y se incluía a particulares.