Después de nuevo ataque y otra persona muerta, autoridades prometen estrategia de seguridad en la Sierra de Guerrero

Por Andrea vega/animal Politico

Pobladores afectados por la violencia en esa zona llevan meses pidiendo que se desactive a los grupos armados; este lunes se reunieron con autoridades federales para buscar una posible solución a la demanda de mayor seguridad.

Los habitantes de los poblados del Carrizal y el Naranjo, en la Sierra de Guerrero, denunciaron este sábado 28 de diciembre ataques armados en estas comunidades, que dejaron como saldo un joven de 17 años muerto y decenas de desplazamientos forzados.

Los dos poblados que fueron blanco de los ataques se ubican en una región de la Sierra de Guerrero cuyas comunidades, alrededor de 100, son blanco de incursiones armadas, por disputas entre grupos de presuntos integrantes del crimen organizado, que han generado desplazamientos forzados desde el 11 de noviembre de 2018.

El último episodio de violencia se vivió el pasado sábado cuando los habitantes del Carrizal y el Naranjo fueron objeto de balaceras por parte de un grupo criminal vinculado con presuntas actividades de tráfico de droga en la región.

Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que ha acompañado a los desplazados de la Sierra de Guerrero que abandonaron sus comunidades el 11 de noviembre de 2018, informó que el ataque se registró alrededor de las 8 de la mañana.

Aunque no se ha identificado al grupo responsable, se sabe que hay una lucha entre bandas de presuntos crimínales para controlar esta zona de la sierra, por donde se trafica drogas, armas y donde ha crecido la explotación minera.

El 11 noviembre de 2018, miles de personas (al menos 1,600) abandonaron sus comunidades en el municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, ante la llegada de grupos armados que perpetraron balaceras e hicieron huir a la gente para quedarse con el control de los lugares.

Ante el ataque de este sábado, los pobladores de las dos comunidades, donde un joven de 17 años resultó muerto, solicitaron auxilio por redes sociales y al 911, pero fue hasta la 1:30 de la tarde, a decir de Olivares, que arribaron al lugar miembros de la policía del estado, del ejército y de la guardia nacional, mismos que después de unas horas trataron de retirarse.

Cerca de las 7 de la noche, unos 100 desplazados de diversas comunidades de la Sierra que desde hace más de un año se refugian en Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, se congregaron para bloquear el paso a los efectivos federales y estatales que se retiraban de la zona a bordo de 40 camionetas.

Con cartulinas, en las que pedían seguridad, los pobladores se colocaron en la carretera, en la que estacionaron un vehículo para impedir el paso de las 40 unidades policiacas y militares. Los desplazados buscaban que se quedaran en el área donde ocurrió el ataque.

Vino entonces la represión. “Nos zarandearon,  nos golpearon, a mi compañera Teodomira la tiraron al piso y le apuntaron con un arma. En varios momentos, los efectivos cortaron cartucho frente a nosotros, que sólo les pedíamos que se quedaran en la zona para brindar una seguridad que hemos estado solicitando durante meses”, narró Manuel Olivares.

Los efectivos finalmente se retiraron del lugar, pero los activistas denunciaron además de los golpes y amenazas, el robo de celulares, equipo de cómputo y el daño a una camioneta propiedad del Centro Morelos.

Se  reúnen con autoridad

Los desplazados que trataron de impedir la partida de policías y militares el pasado sábado,  son parte del grupo de las alrededor de 400 personas que estuvieron en plantón afuera de Palacio Nacional, durante 39 días (entre febrero y marzo de 2019), en demanda, entre otras cosas, de una estrategia para desactivar a estos grupos y lograr la pacificación de la zona.

Este lunes 30 de diciembre, a dos días del último ataque armado, un grupo acudió a la CDMX para reunirse con un funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y hablar de las afectaciones por la violencia en la Sierra de Guerrero.

El encargado de hablar con ellos fue Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Delito.

El funcionario les prometió que se sentarán con ellos a diseñar, en conjunto, una estrategia de seguridad para el repliegue de estos grupos armados.

“Tuvo que pasar esto y la represión que sufrimos todos nosotros para que por fin nos recibieran en la Secretaría de Seguridad”, afirmó Olivares.

Sobre los tiempos de las futuras reuniones, Olivares dijo que acordaron que “entrando el próximo año vamos a hablar por teléfono para fijar fechas para las reuniones en las que se diseñará la nueva estrategia de seguridad para la Sierra de Guerrero”.

El activista señaló que Urrutía Lozano les mencionó que ya existe una estrategia para la zona y que se he estado desarrollando, prueba de ello son las varias detenciones que ya se han hecho, les dijo.

“Nosotros le respondimos que no es suficiente, como lo prueban los hechos del sábado”, aseguró Olivares.

Animal Político solicitó una entrevista tanto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como con el secretario de Gobierno de Guerrero para conocer qué se ha hecho para contener a estos grupos y qué se hará a partir de los últimos ataques del sábado, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.