Destitución de jueces en El Salvador enciende alarmas sobre autoritarismo de Bukele

El Parlamento retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones.

La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias “arbitrarias”. Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución” y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado.

“Esto es una ruptura del orden constitucional y además podemos catalogarlo como un golpe de Estado”, dice a RFI la abogada y docente de la Universidad Centroamericana (UCA) Ruth López Alfaro. “Desde el año pasado hemos visto como el presidente había pretendido tomar la Asamblea Legislativa en el 9F [ndlr: El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas]. Ahora hemos visto cómo el presidente se ha tomado el Órgano Judicial a partir de la desarticulación de la Sala de lo Constitucional. El sistema salvadoreño tiene mecanismos de control, tiene mecanismos de rendición de cuentas, como cualquier otro país. Sin embargo, en nuestro diseño, la Sala de lo Constitucional, la máxima intérprete de la constitucionalidad. [Hasta el momento] era una institución que había controlado de manera efectiva los excesos del presidente durante la pandemia siguiendo los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecido en la Resolución 1/2020. Por lo tanto, era una Sala que resultaba incómoda para el presidente, y pues es refleja la decisión de la separación del día de ayer [sábado 1 de mayo]”.

Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.

En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.

La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, ‘habeas corpus’ y controversias entre los poderes del Estado.

Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.

“Es previsible que en las próximas horas también se desmantelen las otras instituciones de control”, dice López Alfaro. “Estamos hablando del procurador para la defensa de los Derechos Humanos, estamos hablando de la Corte de Cuentas de la República. Estamos refiriéndonos también al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, es la cooptación total y el desmantelamiento absoluto de todo el sistema de rendición de cuentas salvadoreño. Hay mociones para la presentación de inconstitucionalidad de los nombramientos de los magistrados electos el día de ayer [sábado 1 de mayo], y esto implicaría que tendrían que ser recusados. La inconstitucionalidad tendría que ser resuelta por otras personas, por otros magistrados de la Sala Constitucional suplente o incluso por la Corte en pleno. Esa es una de las alternativas y la otra es a nivel internacional, en la búsqueda de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Salida del fiscal general

Luego, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, propuso debatir la salida del fiscal general, Raúl Melara.

De acuerdo con el diputado Numan Salgado, que sustentó el pedido, “quedó en entredicho su independencia e imparcialidad” necesarias para ejercer el cargo, al haber sido vinculado con el opositor partido ARENA (derecha). En su reemplazo, la madrugada del domingo fue elegido el abogado Rodolfo Delgado.

“El fiscal había recibido por parte de la CICIES [ndlr: Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador], instalada en el país el año pasado, 12 casos de investigación y se sabía que estaba siguiendo esos procesos de investigación”, dice López Alfaro. “Es presumible que el retiro del fiscal es justamente para evitar que se hicieran públicas estas investigaciones de corrupción que se estaban llevando a cabo por parte de la Fiscalía. Y la Sala de lo Constitucional era un obstáculo para evitar que esto se concretará a partir de que podía actuar ante la ilegalidad y la inconstitucionalidad de lo que pudiera hacer la Asamblea Legislativa destituyendo al fiscal. El retiro de la Sala de lo Constitucional implica no sólo la vulneración al debido proceso de los propios magistrados, sino también que todas aquellas personas que hemos presentado procesos que somos demandantes ante la Sala de lo Constitucional de las vulneraciones del Ejecutivo, al no ser una sala independiente será inefectiva cualquier protección que se pretenda buscar ante dichas salas”.

Este domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la “profunda preocupación” de su gobierno “por la democracia de El Salvador”, tras la destitución de magistrados.

“Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió Harris en Twitter.

Horas antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, extendió la preocupación por la destitución del fiscal general, quien, “lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según detalló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken destacó el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, incluso “reforzando las instituciones democráticas y la separación de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil vibrante”.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.

Ante lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele “garantizar la separación de poderes y el orden democrático”.

“El presidente Bukele y sus aliados están usando su nueva mayoría en la Asamblea para destituir adversarios políticos. Éste es un claro ataque a las instituciones democráticas del país y una preocupante concentración de poder”, comentó por su parte el presidente de la ONG Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), Geoff Thale.

Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero, dejando relegadas a las tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del FMLN.

Entrevista realizada por Paula Estañol. Con AFP.