Egipto: 10 años después de la caída de Mubarak el país vive bajo una dictadura aún más represiva
Nuria Tesón (Egipto) /RFI
Este 11 de febrero se cumplen 10 años de la caída de Hosni Mubarak, apodado “El Faraón ” , que gobernó el país entre 1981 y 2011. La Primavera Árabe puso fin a su mandato, marcado por la censura y la corrupción pero hoy el país vive bajo una dictadura aún más represiva.
Con nuestra corresponsal en El Cairo, Nuria Tesón, y AFP.
Hace 10 años la noticia estalló como una bomba y se extendió rápidamente por El Cairo. En los cafetines la televisión retransmitía que Mubarak dejaba el poder y la ciudad entera se convertía en una fiesta. Los vítores de la Plaza de Tahrir se oían muy lejos del centro de la ciudad, se agitaban banderas, se cantaba y había espacio para risas y para llantos. Los egipcios se abrazaban. Habían protestado durante 18 días y Mubarak, finalmente, abandonaba el poder.
Habían sido 30 años de dictadura, en los que los pobres eran cada vez más pobres y los ricos más ricos al resguardo de un régimen corrupto. Tres décadas en las que el ejército se hizo fuerte. Mubarak era uno de los suyos, pero le dejaron caer. No les gustó que jugara con la idea de dejar en el trono a su hijo, un empresario más inclinado a favorecer a sus allegados.
La caída de Mubarak fue un acontecimiento que ofrecía esperanza de cambio. Pero el dictador murió el 25de febrero de 2020 sin que sus víctimas conocieran la justicia.
Egipto está ahora hundido en una dictadura más restrictiva que la que dejó el octogenario líder en 2011. El nuevo presidente, también exmilitar Abdel Fatah al Sisi, es un alumno aventajado, pero es la estructura creada por Mubarak durante décadas, de cleptocracia y abusos, lo que han facilitado la labor del nuevo sátrapa.
Activistas, políticos, abogados, periodistas e intelectuales son encarcelados mediante una justicia expeditiva. Tras el derrocamiento por el ejército en 2013 del primer presidente elegido en unos comicios libres, el islamista Mohamed Mursi, la sociedad civil egipcia perdió poco a poco los espacios para expresarse libremente.
A ello se suma, según las oenegés de defensa de derechos humanos, las desastrosas condiciones de detención, torturas y ejecuciones extrajudiciales. A principios de diciembre, Amnistía Internacional denunciaba un reciente “frenesí de ejecuciones”.
Human Rights Watch destaca en su informe mundial de 2021 la “mano dura del gobierno autoritario” de Sisi, agregando que “la epidemia del covid-19 (…) agravó las ya terribles condiciones de detención”. “Decenas de presos murieron durante la detención, entre ellos al menos 14 aparentemente a causa del covid-19”, según la oenegé.
En 2012, Mubarak fue condenado a cadena perpetua por la muerte de los manifestantes en las protestas. Pero en 2017 se le exculpó por la muerte de aquellos manifestantes y fue puesto en libertad, a pesar de que tanto él como sus hijos fueron condenados por corrupción. Para muchos, aquella absolución fue la constatación de que un nuevo régimen corrupto estaba al mando.
Cuando falleció, en 2020, fue homenajeado con honores militares y a su funeral asistió el presidente del gobierno al Sisi.
Una ola represiva bajo Sisi
La ola represiva comenzó en el verano de 2013 cuando la policía mató a cientos de islamistas que protestaban contra el derrocamiento de Mursi en El Cairo, según varias oenegés.
Después la cofradía de los Hermanos Musulmanes, prohibida en 2013, fue blanco de arrestos arbitrarios, detenciones provisionales, juicios masivos y condenas a muerte. Pero también afectó a la oposición liberal.
Y Sisi, elegido en 2014 y reelegido en 2018 con más del 97% de los votos por falta de una oposición de peso, se ha fortalecido.
En abril de 2019, una revisión constitucional prolongó su presidencia y reforzó su control sobre la justicia. El país tiene unos 60.000 presos políticos, según organizaciones de derechos humanos.
En septiembre del mismo año, cientos de manifestantes que exigían la dimisión de Sisi intentaron tomar la plaza Tahrir en El Cairo, símbolo de la protesta contra Mubarak. Miles de personas fueron arrestadas.
Las oenegés afirman que uno de los ejes del aparato represivo es el sistema judicial, por recurrir sistemáticamente a las acusaciones de “terrorismo”, de “divulgación de información falsa”. También denuncian el “reciclaje” o el añadido de nuevos cargos para prolongar las detenciones.
Según Mohamed Lotfy, director de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, una oenegé con sede en El Cairo, “se supone que el sistema judicial es un baluarte que protege los derechos y las libertades”, pero la justicia “rara vez pide que los oficiales de la policía rindan cuentas”.
La lucha antiterrorista también es un argumento del gobierno cuando se le acusa de violaciones de derechos, en un país que sufre desde 2013 una insurrección yihadista en el Sinaí del Norte.
Sin embargo, según Sherif Mohyeldeen, investigador del centro de reflexión Carnegie Oriente Medio, las violaciones denunciadas contribuyen a “alimentar la violencia estructural y cultivan en parte el extremismo”.