Fraudes en subsidios al campo: ASF presenta 20 denuncias penales por desvío de 790 millones
Por Arturo Angel/Animal Político
Los auditores detectaron desde simulación bancarias hasta la utilización de empresas presuntamente fantasma para justificar el supuesto ejercicio del dinero. Hay proyectos que nunca se terminaron o con avance de 0%.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 20 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío y mal manejo de 789 millones 986 mil pesos correspondientes a fondos y subsidios que la SAGARPA (hoy SADER) destina para el apoyo de actividades y proyectos agrícolas.
Las denuncias presentadas son en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables de estas anomalías en el ejercicio de recursos que corresponden al presupuesto de 2017, pero que habrían continuado por lo menos hasta el año pasado, es decir, en la gestión de José Calzada Rovirosa.
La ASF registró y documentó los malos manejos gracias a tres auditorías de las denominadas forenses. Se trata de auditorias mucho más minuciosas que las convencionales y que se practican luego de que la institución detecta malos manejos reiterados año con año en un determinado fondo o dependencia.
“Con motivo de la fiscalización superior practicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en los últimos ocho años, se han observado conductas irregulares en la aplicación de los recursos destinados a los diferentes programas, por lo que es necesario profundizar en las revisiones” indicaron los auditores.
Las anomalías descubiertas en las auditorías forenses van desde recursos no ejercidos y tampoco devueltos, hasta simulaciones de estados de cuenta bancarios, obras inconclusas o de plano inexistentes, pagos a empresas irregulares o presuntamente fantasma, entre otros.
En las denuncias penales presentadas, la Auditoría Superior entregó dictámenes técnicos en los que se detalla la cadena de servidores públicos a los que correspondía la dispersión o supervisión de los recursos de estos fondos y que, por ende, podrían tener algún tipo de responsabilidad.
Cabe señalar que a partir de este año las denuncias penales presentadas por la ASF ante el Ministerio Público federal son turnadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la integración de las carpetas de investigación que correspondan y reunir los elementos que, de ser el caso, permitan formular las imputaciones ante un juez federal.
El mecanismo del fraude
Las anomalías detectadas se concentran en tres fondos. Dos de ellos corresponden al denominado Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y Agrologística, mientras que el tercero corresponde al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
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Con sus matices, la finalidad de estos subsidios en general es la misma: apoyar a personas o empresas que desarrollan actividades agrícolas para que puedan fortalecer su infraestructura (con equipos, maquinaria, instalaciones, etc) y con ello impulsar el desarrollo de un sector históricamente desfavorecido en el país.
En la práctica el dinero se entrega luego de un procedimiento que inicia cuando una persona física o moral presenta a SAGARPA su solicitud para acceder a los apoyos. Luego, tras una serie de trámites entre los que se encuentra probar que quien solicita el apoyo tiene la solvencia para realizar el proyecto, se entrega el dinero.
Ya con dicho recurso la empresa debe llevar a cabo en un tiempo establecido la adquisición de los bienes o la construcción de las obras para las cuales solicitó el dinero, y finalmente comprobar que así se hizo y el impacto positivo que se haya generado.
Lo que las auditorías arrojan es que, por negligencia, incompetencia o complicidad, la SAGARPA carece de los controles necesarios para supervisar que todo lo anterior ocurra, lo que abre la puerta a múltiples anomalías y abusos que terminan por representar un fraude y daño patrimonial al erario.
Las revisiones de los auditores detectaron fallas en todas las cadenas del procedimiento; desde empresas que reciben el dinero sin contar con la solvencia para los proyectos que supuestamente quieren impulsar gracias a documentos bancarios apócrifos u operaciones simuladas, hasta subejercicios de recursos que tampoco son devueltos.
De igual forma se descubrió que algunos beneficiarios de los programas intentaron comprobar el ejercicio del dinero con pagos a otras personas o compañías por servicios no se realizaron o se simularon. Algunas de esas empresas subcontratadas no fueron localizadas o carecen de la capacidad de realizar los servicios, por lo que se presume que son fantasma.