Guerreros Unidos sobornaba al coronel encargado del batallón que participó en caso Ayotzinapa, según testigo

Por Alberto Padilla /Animal Politico 

La misma declaración de este testigo protegido es la principal prueba contra el capitán José Martínez Crespo, el único militar detenido. El uniformado dice ser un “chivo expiatorio” y niega relación con el crimen organizado.

Un general del Ejército mexicano estaba en nómina del grupo criminal Guerreros Unidos cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según un testigo protegido cuya declaración forma parte de la causa penal 5/2020 que investiga los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

“Solo sé que su apellido es Rodríguez, de rango coronel, de aproximadamente un metro con setenta y cinco centímetros, moreno claro, nariz ancha, cabello corto, negro, delgado, cejas regulares”, dijo el declarante denominado como “Juan” en una comparecencia que tuvo lugar el 10 de febrero.

En el momento en el que tuvieron lugar las desapariciones de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el coronel José Rodríguez Pérez estaba al mando del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala y fue él quien coordinó las acciones militares de aquella jornada. Posteriormente, fue ascendido a general brigadier durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Animal Político quiso conocer la actual situación del coronel, pero ni la Secretaría de la Defensa (Sedena), ni la Fiscalía General de la República (FGR) dieron respuesta al cierre de la edición. 

El señalamiento contra el coronel Rodríguez está incluido dentro del auto de formal prisión dictado contra el capitán José Martínez Crespo, al que Animal Político tuvo acceso.

El capitán Crespo se entregó a las autoridades el pasado 11 de septiembre y está en prisión acusado de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”, delito que siempre ha negado.

Aunque la carpeta investigación la dirige la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, hasta el momento no se han formulado imputaciones directas sobre su participación en las desapariciones. 

El coronel Rodríguez y el capitán Crespo aparecen en la misma declaración: la del testigo protegido bajo el nombre de “Juan”. Sin embargo, su suerte ha sido muy diferente. Mientras que el militar de más alta graduación sigue en libertad, quien fuera su subalterno estará en prisión el tiempo que siga la causa en su contra.

Ambos declararon en su momento como testigos y Crespo no ha variado su discurso: se declara inocente y exculpa al Ejército. El capitán, no obstante, aparece también en otros testimonios: los de las personas presentes en la clínica Cristina, donde llegó a la 1 de la madrugada por orden de sus superiores. 

Dos declaraciones y varias inspecciones

El relato de “Juan” es clave porque se ha convertido en parte fundamental de la nueva investigación que sustituye a la denominada “verdad histórica” promovida por el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado desde hace meses la necesidad de “romper el pacto de silencio” y ha ofrecido beneficios legales a quienes se acojan a la figura de testigo protegido. Esto ha permitido que aparezcan nuevas aportaciones como las declaraciones de “Juan”, quien declaró al menos en dos ocasiones (10 de febrero y 31 de marzo) y acompañó a los investigadores a diversos lugares en Guerrero vinculados con el caso. 

Según lo declarado por el testigo protegido, los hechos de Iguala se desataron por el enfrentamiento entre miembros de Guerreros Unidos con un grupo rival, que habría llegado en camionetas detrás de los autobuses en los que viajaban los normalistas y sus integrantes habrían intentado camuflarse mezclándose con los estudiantes. El testimonio ha servido, como publicó la revista Proceso, para que se investigue el papel del Ejército en aquellos sucesos. 

La juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca emitió el pasado 8 de septiembre al menos 25 órdenes de aprehensión por delitos de “delincuencia organizada” contra personas a las que vincula con la desaparición de los 43 estudiantes. Uno de los buscados era Crespo. Entre los requeridos por la justicia están también el expolicía federal Víctor Manuel Colmenares Campos, detenido en septiembre y encarcelado en Almoloya, Edomex, o Pablo Vega “El Transformer”, integrante de Guerreros Unidos y actualmente preso en Estados Unidos. 

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En esta nueva narrativa que explique qué ocurrió con los estudiantes y quiénes son los responsables es clave la declaración de “Juan”. El testigo, que fue parte de Guerreros Unidos desde 2010, sirvió para explicar el origen del grupo criminal, sus trasiegos de drogas a EU y cómo corrompían a funcionarios de los tres órdenes de gobierno para ponerlos a su servicio. 

“Algunos mandos del ejército estaban en la nómina del grupo, los elementos del ejército que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala de Independencia, Guerrero, eran de los que estaban trabajando ese día”, dijo en su declaración de febrero.

Los presuntos sobornos: de 60 mil pesos a 5 millones

El testimonio es una amplia explicación sobre el nacimiento de Guerreros Unidos, grupo que se escindió del cártel de los Beltrán Leyva y que estaba liderado por Mario Casarrubias Salgado. Aquí aparece una figura clave: Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, a quien el confidente responsabiliza de la coordinar la acción contra los estudiantes y también de pagar sobornos a distintas autoridades de gobierno.

Se trata de un individuo que apenas aparecía en las averiguaciones anteriores y a quien tampoco se podrá sentar en el banquillo, ya que fue asesinado en 2018. 

Una de las partes clave del testimonio de “Juan” es cuando señala a dos militares de estar al servicio del crimen organizado. Por un lado, al “coronel Rodríguez”. Por el otro, al capitán Crespo.

A ambos les acusa de recibir dinero del narco. Además, vincula a los elementos del 27 batallón de infantería con la desaparición de los estudiantes. “Como ya le dije todos los que estuvieron ese día trabajando fuera del batallón intervinieron de alguna manera en el evento de los muchachos estudiantes. Usted ya tendría que ver con su trabajo quiénes fueron, ese evidente, además que como le dije antes específicamente no puedo develar por el momento nombres pues está en riesgo mi vida y la de mi familia”, dice la declaración. 

Según este testimonio, la alianza entre uniformados y crimen organizado no era algo puntual, ya que integrantes del 27 batallón colaboraban habitualmente con Guerreros Unidos. “Pues ellos eran parte como autoridad, varios tantos que no puedo especificar pues era obvio la forma en que estaban coludidos con el grupo, como aquel que le narré de la persona alias “El Huarache” donde a él lo detienen y lo dejan en libertad a Mario Casarrubias Salgado, otros en el que ellos ayudaban a transportar armas y droga pues nadie los paraba en la carretera. No puedo decir más porque ya le dije que corre mi vida riesgo”, afirma.

Sobre los pagos, el testigo es muy claro. “Se pagaba mensualmente según el rango era lo que variaba, un teniente andaba entre 60 y 80 mil pesos, un capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un general ya es cosa seria, lo que se le da pues va de 4 a 5 millones”.

“Juan” aseguró que era “El Güero Mugres”, asesinado en 2018, quien se encargaba de efectuar los pagos. El procedimiento era recolectar el dinero entre los integrantes de Guerreros Unidos y entregarlo a las personas que correspondían. 

El testimonio señala directamente a los militares por su participación en las desapariciones de los 43 normalistas y asegura que “El Güero Mugres” fue también el encargado de dar órdenes a los militares.

“A lo que me enteré que ellos estuvieron realizando funciones de tomar a los estudiantes y llevarlos al veintisiete batallón, para interrogarlos, en ese interrogatorio algunas de las personas que esa noche llevaron al batallón murieron, esas y las que quedaron vivas fueron entregadas a los miembros del grupo Guerreros Unidos, específicamente a policías estatales y municipales y estos a su vez a Nicolás Nájera y los Benítez Palacios para ejecutarlos y deshacerse de esas personas, estudiantes y la gente que levantaron que venían en las camionetas”. 

En este punto, “Juan” asegura que los militares desplazados al Hospital Cristina no acudieron para auxiliarlos, sino para llevárselos, pero el plan se frustró por la presencia de muchos testigos. “Al llegar a la clínica los militares no iban a auxiliarlos sino sacarlos para llevárselos, pero al llegar a la clínica había gente por eso ya no se los llevaron pues iba a haber muchos testigos”, dice.

Al frente del batallón que llegó a la clínica estaba el capitán Crespo, quien salió a patrullar pasada la medianoche por orden del coronel Rodríguez. Desde la prisión, el uniformado negó todos los cargos y aseguró que él fue señalado “por estar en el lugar y en el momento menos indicados”. 

Crespo descarta ser testigo protegido: “yo doy la cara”

“Yo recibo órdenes, acato órdenes e informo. En ningún momento nosotros como Ejército tuvimos algo que ver en lo que haya sucedido. Mis actuaciones siempre fueron informadas, siempre apegadas a derecho”, dijo el propio Crespo en un mensaje a Animal Político transmitido por el abogado Conrado Escobar, presente en la causa como hombre de confianza del militar.

Escobar, también militar, estudió en misma promoción que el capitán Crespo y ha intervenido en todo el proceso de entrega de su compañero ante las autoridades. 

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“Las acusaciones son fuera de lugar. La persona con la que se están apoyando tiene el beneficio para que den información y tengan beneficio”, aseguró Crespo en su mensaje. El capitán fue muy crítico con el testigo protegido, a quien acusó de hacer “señalamientos falsos”. “Siempre va a haber un chivo expiatorio”, afirmó. 

Crespo niega tanto haber tenido relación con la desaparición de los 43 estudiantes así como estar en la nómina de Guerreros Unidos. De hecho, asegura haber participado en operativos contra este grupo delictivo en el que se incautaron armas, se destruyeron plantíos e incluso se causaron bajas. Su consejero, Cornado Escobar, recuerda que él salió a patrullar pasada la medianoche, cuando los ataques a los normalistas habían sido horas antes. 

“Lo que pretenden es involucrar al Ejército para quitarse la culpa”, consideró. También descartó convertirse en testigo protegido para declarar contra superiores como el general que aparece en la declaración. “Yo doy la cara”, dijo, y aseguró que desde la Sedena le recomendaron afrontar el proceso para probar su inocencia. 

El papel de los militares en la noche de Iguala sigue siendo una gran interrogante. Desde que ocurrieron los hechos, las familias de los 43 estudiantes han exigido que se investigue a los integrantes del 27 Batallón de Infantería.

En un primer momento, quien era secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, aseguró que los integrantes del Ejército ni siquiera estaban allí. Pero aquellas afirmaciones quedaron desmentidas por la realidad: no solo estaban en Iguala, sino que patrullaron en algunos de los lugares clave donde se registraron los sucesos con los normalistas. 

Desde que se anunciaron las órdenes de aprehensión contra militares, únicamente el capitán Crespo ha sido capturado. Aunque, en realidad, fue él quien se entregó a las autoridades.

Según Conrado Escobar, esto se produjo después de un acuerdo con mandos de la Secretaría de la Defensa, que le garantizaron que estaría en una prisión militar para proteger su seguridad. La juez decretó que Crespo siga en cárcel y es allí donde prepara su defensa, asesorado por cinco abogados de la defensoría de oficio militar.  

Desde que López Obrador llegó a la presidencia se han detenido a 80 personas vinculadas a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Desde marzo hasta la fecha se libraron 70 órdenes de aprehensión de 83 solicitadas. De ellas, 34 personas ya fueron arrestadas. Entre ellos no está ese coronel de apellido Rodríguez a quien un testigo protegido acusa de recibir dinero para proteger a Guerreros Unidos.