INE PRESENTA SU SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EL ARRANQUE DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 Y LOCALES COINCIDENTES

La Comisión Temporal de Presupuesto presentó a partidos políticos y medios de
comunicación el anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE)
para el ejercicio 2020. La Comisión sesionará el próximo viernes para discutir el
anteproyecto que la Junta General Ejecutiva remitirá al Consejo General para su
aprobación el próximo 28 de agosto.
En la planeación de este anteproyecto de presupuesto, el INE aplicó los principios
constitucionales de eficiencia, eficacia y economía para cumplir con sus atribuciones
constitucionales y legales. El Instituto utilizó como referencia el proyecto de
presupuesto aprobado por el Consejo General para 2019. Dicho proyecto fue objeto
de un recorte por la Cámara de Diputados que ha podido absorber parcialmente con
medidas extraordinarias que no pueden continuar en 2020.
La preparación del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los procesos locales
coincidentes en 32 entidades federativas en 2021 impiden seguir con la suspensión
temporal de contrataciones de más de 600 plazas vacantes que, en su mayoría, se
encuentran actualmente en concurso para integrar el Servicio Profesional Electoral
Nacional.
El monto total de gasto operativo que se propone solicitar a la Cámara de Diputados
asciende a 12,493 millones de pesos y se divide en dos grandes rubros: presupuesto
base y cartera institucional de proyectos.
El presupuesto base corresponde a los recursos para la operación ordinaria. Para
dicho rubro el INE solicitará 10,381 millones de pesos, lo que representa una

disminución de 1.1% en términos reales respecto a lo requerido en 2019. Esta
reducción es posible gracias a menores precios de bienes y servicios que el INE
adquiere o arrienda para su operación.
Los 2,112 millones de pesos previstos para la cartera de proyectos corresponden a
los gastos e inversiones que de manera temporal tendrá que realizar el Instituto el
próximo año. Aquí se incluyen los costos de la organización de las elecciones locales
a celebrarse en 2020 y los relacionados con el inicio del Proceso Electoral Federal y
locales coincidentes 2020-2021.
En términos reales, el presupuesto de cartera de proyectos disminuye un 5.4% si se
compara con lo aprobado en 2017 para la fase inicial del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
La cartera institucional de proyectos para 2020 está integrada por dos componentes
principales. Por una parte, lo relacionado con el Proceso Electoral Federal 2020-2021,
que requiere recursos por 553.7 millones de pesos para la integración, instalación y
funcionamiento de consejos locales y distritales, la campaña anual intensa para
atender las solicitudes de credenciales para votar y el desarrollo del sistema para el
voto electrónico de los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros.
Por otra parte, se prevén recursos para la renovación quinquenal del Sistema de
Administración de Tiempos del Estado (SIATE), la inversión en infraestructura en las
Juntas Locales Ejecutivas de Nuevo León y Aguascalientes para cumplir con la
normatividad en materia de protección civil, garantizar un espacio seguro para los
trabajadores y preservar la propiedad del terreno donado por el gobierno del estado,
respectivamente.
Para los procesos locales se propone solicitar un 57% menos de recursos que en
2019, porque en las elecciones en Coahuila e Hidalgo se proyecta instalar 7,830
casillas, 50% del total de casillas aprobadas para los cinco procesos locales ordinarios
de 2019.
El monto total que prevé solicitar el Instituto Nacional Electoral representa el 0.21%
del Presupuesto de Egresos de la Federación estimado para el próximo año. Es decir,
por cada 100 pesos que gastaría la federación en 2020, sólo 21 centavos
corresponden al INE. Esta tendencia continúa a la baja. En 2015, de cada 100 pesos
del presupuesto federal, 28 centavos correspondieron al Instituto. Para 2020 serán 7
centavos menos.
Con pleno respeto a su autonomía constitucional, el INE solicitará un presupuesto
adecuado y suficiente para cumplir con las obligaciones que el propio Congreso de la
Unión le ha asignado y para garantizar la certeza de los próximos procesos
electorales.