Un informe revela cómo la “epidemia” de las empresas fantasma ‘desapareció’ mas de 200 millones de dólares del sector salud en México

Año con año, las instituciones de salud a nivel federal y estatal participan en un complejo esquema para desviar millonarios recursos que debieran ser usados para atender la salud de los mexicanos con mayores carencias. 

Las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero identificaron 22.933 facturas o recibos falsos que se utilizaron en el sector salud a través de empresas fantasma, como se conoce a aquellas que simulan actividades reales para desviar dinero.

“Cada peso pagado a empresas fantasma es la prueba de servicios de salud que fueron robados a millones de mexicanos, de los que fueron privados niños y niñas, personas adultas y adultos mayores”, refieren Mariana Ruiz Albarrán, Denise Tron Zuccher y Luis Pérez de Acha en la investigación ‘Facturas falsas: la epidemia en el sector salud’. 

Este sistema que involucró a funcionarios de distintos niveles, simuló la compra de mobiliario, material de laboratorio, equipo médico o de cómputo, así como la contratación de asesorías o consultorías para los hospitales del país, pero en realidad se utilizaron a 830 empresas fantasma para desviar 4.179 millones de pesos (unos 214,5 millones de dólares) entre 2014 y principios de 2019. 

¿Cuánto representa el monto desviado?

Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, ejemplifica a cuánto equivale el millonario desfalco. Esos 4.179 millones de pesos que se desviaron a través de empresas fantasma alcanzarían para pagar 80.000 camas de hospital o para financiar el tratamiento a 41.00 pacientes con cáncer de mama durante un semestre completo. 

“Es una epidemia la que tenemos. Tendría que ser una decisión de Estado combatir las empresas fantasma”, dijo el abogado de Justicia Justa, Luis Pérez de Acha, durante la presentación de la investigación.  

El calificativo de epidemia por parte del abogado no resulta exagerado, si se considera que en el millonario desvío participaron los sistemas de salud de 30 de los 32 estados del país (Michoacán y Durango no entregaron información); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); y la Secretaría de Salud a nivel federal.

A la cabeza de la lista de instituciones que operaron bajo este sistema se encuentra el Instituto de Salud del Estado de México que, entre 2014 y 2018, desvió un total de 1.804 millones de pesos (unos 92,4 millones de dólares). 

Sistema de encubrimiento

Los investigadores refieren que estas prácticas ilegales están sustentadas en la complicidad de las autoridades, que encubren todo este sistema de corrupción que permite los millonarios desvíos.

La cadena de encubrimiento va desde los funcionarios que convocan a una licitación —como se le llama a la práctica en el sector público en donde se adjudica la realización de una obra o un servicio—, pasando por los responsables de comprobar esos supuestos bienes o servicios contratados —que nunca llegaron—, y llega hasta las áreas encargadas de las finanzas que realizan los pagos y a los órganos de control que no detectan los actos de corrupción.

Desde 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica un listado de empresas fantasma y puede saber —después de un proceso de investigación— quiénes son los contribuyentes que se beneficiaron de las facturas falsas. 

La complicidad de las autoridades, según el informe, también se ve reflejada con la falta de seguimiento que hacen las autoridades ante las operaciones ilegales, pues todas las operaciones dejan rastro en el sistema fiscal y en las transferencias bancarias que se hacen desde las cuentas del Gobierno, independientemente de que las empresas fantasma vayan modificándose con el tiempo. 

Los autores del estudio reconocen que la investigación no muestra la totalidad de empresas fantasma ni de facturas falsas emitidas para desviar el dinero que debiera destinarse a la salud de los mexicanos. “Es la punta del ‘iceberg’ de un problema epidemiológico que existe en el país”, señaló la investigadora Denise Tron Zuccher. 

Ante el desvió millonario, Justicia Justa e Impunidad Cero preparan demandas penales para quienes resulten responsable por los delitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. 

José Beltrán

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