La Fiscalía peruana embiste contra el presidente Castillo
RFI
El presidente Pedro Castillo ha calificado de “falsas” y como una modalidad de “golpe de Estado” la acusación constitucional de la Fiscalía en su contra presentada el martes al Congreso. Se lo sindica de ser el “líder de una organización criminal” que direccionaba obras públicas a cambio de beneficios económicos.
Informa el corresponsal de RFI en Lima, Carlos Noriega
Ademas del presidente Castillo, la Fiscalía de la Nación acusa a dos exministros y parte del entorno familiar del presidente. Su cuñada está en prisión preventiva. Contra su esposa pesa un pedido de impedimento de salida del país y dos sobrinos -uno de ellos prófugo- están siendo investigados.
La fiscalía ha presentado esta acusación contra Castillo al Congreso para que sea procesado con el objetivo de destituirlo, a pesar que la Constitución no permite que el presidente sea acusado durante su mandato por corrupción. Sólo puede serlo por traición, por impedir las elecciones o cerrar ilegalmente el Congreso.
Sin embargo, se especula que el Congreso, donde la oposición de derecha es mayoría, podría incumplir el artículo constitucional que protege al presidente. El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la autora de la acusación al Congreso, ha sido a su vez denunciada por proteger a su hermana, quien es jueza en una investigación por liberar narcotraficantes a cambio de sobornos.
Horas antes de presentar la acusación contra Castillo, la Fiscalía detuvo a cinco colaboradores del mandatario -un sexto pudo fugarse- allanó la casa de la hermana del presidente y las oficinas y viviendas de seis congresistas.
¿Qué le espera a Castillo?
El futuro del mandatario se torna sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.
Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. No hay antecedentes de que la fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio.