La ley de la (auto)confianza

PorCarla Luisa Escoffié Duarte

Durante su visita a Yucatán el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió a puerta cerrada y sin la presencia de medios de comunicación con poco más de 200 empresarios. Según trascendió, en aquel encuentro el funcionario reveló a su público que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en diciembre una iniciativa preferente de lo que sería una “Ley de Confianza”. Esta iniciativa tendría como objetivo “que obras de importancia inicien sin todos los permisos de los tres niveles de gobierno para que sean rápidos, incentiven la inversión y eviten tanta tramitología”.

Si bien es difícil sacar conclusiones sin contar con un texto de iniciativa que nos ayude a ver letra por letra qué es lo que estaría en juego, la información que circula hasta ahora genera mucha esperanza de que se trate de un lamentable ejercicio de teléfono descompuesto. Sobre todo porque el anuncio no se está dando en cualquier lugar, sino en una región del país que enfrenta una grave crisis ambiental por megaproyectos que generan deforestación, emisiones de CO2 y contaminación del agua. Por si fuera poco, es también el escenario del proyecto más importante de la actual administración: el Tren Maya.

Tanto al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como al de Enrique Peña Nieto les incomodaban todos los trámites y permisos que implicasen algún tipo de fiscalización o rendición de cuentas. La diferencia es que la actual administración ha sido más vocal con esa incomodidad. Por ejemplo, en más de una ocasión ha barajado la idea de limitar los alcances del juicio de amparo para que no pueda atender violaciones cometidas por la construcción de obra pública. La semana pasada, el diputado Juan Ramiro Robledo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo para eliminar la posibilidad de que jueces federales puedan ordenar la suspensión de obras como medida cautelar mientras dura un juicio.

También la construcción del Tren Maya ha estado plagada de un desinterés por dar cumplimiento a los requerimientos de ley en materia de obras públicas. Por ejemplo, en todos los tramos las Evaluaciones de Impacto Ambiental iniciaron cuando la construcción ya estaba en marcha.

La idea de una “Ley de confianza” sería la consagración de ese desencanto institucional por las decisiones que tienen que cumplir con reglas preestablecidas. Y el nombre es bastante revelador: ¿para qué tener que rendir cuentas y cumplir con requisitos si se tiene fe absoluta de que lo que se está haciendo es lo correcto?

Por supuesto que hay trámites y requisitos innecesarios. Por supuesto que en México la tramitología es excesivamente robusta y no en pocas ocasiones representa una pérdida de tiempo y de dinero público. Pero esa crítica debe hacerse caso por caso, punto por punto. Lo que pareciera estarse buscando es reducir a un mero carácter simbólico todo requisito y trámite que se desee, aun los que están plenamente justificados y que son estrictamente necesarios.

Como dije, ojalá y esto sea tan solo una falsa alarma producida por un chisme a la yucateca. Porque sería muy paradójico que un gobierno que se dice “antineoliberal” esté apostando por reducir el papel de control, planeación, supervisión y fiscalización del Estado. 

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