Más de la mitad de la población mundial carece de seguridad social
Datos de la Organización revelan que en 2020, sólo el 46,9% de la población mundial recibía al menos una prestación de protección social, mientras que el 53.1% no contaba con ninguna garantía de ingreso por parte de su sistema nacional de protección social.
La protección social incluye el acceso a la salud, el apoyo financiero durante la jubilación y en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, accidentes laborales, maternidad, etc.
Según este primer informe de la OIT desde 2017 sobre el estado de la protección social en el mundo, 4,100 millones de personas siguen careciendo por completo de esos servicios.
Frente al panorama, la OIT advirtió hoy a los países de que no es hora de imponer austeridad para intentar cubrir el importante gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia, y aseguró que esto sería sumamente perjudicial para las sociedades.
Los porcentajes globales ocultan importantes disparidades entre las regiones y dentro de ellas: mientras que la cobertura está por encima de la media mundial en Europa y Asia central (83.9%) así como en América (64.3%), está por debajo en Asia y el Pacífico (44.1%), los Estados Árabes (40%) y África (17.4%).
El gasto público en protección social también varía considerablemente. En promedio, los países le destinan 12.8% de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras que los países de renta alta le dedican 16.4% de su PIB y los de renta baja sólo 1.1%.
Consolidar esfuerzos
“Los países están en una encrucijada. Este es el momento crítico para utilizar la respuesta a la pandemia para construir una nueva generación de sistemas de derechos de protección social”, advirtió el director general de la OIT, Guy Ryder
La OIT pidió a los dirigentes mundiales seguir con los esfuerzos implementados durante la pandemia, pese a la enorme presión financiera que esto supone.
Porque aunque la pandemia empujó a los países en invertir en estos servicios, el covid-19 –que paralizó la economía mundial durante un tiempo– podría también recortar los avances en la reducción de la pobreza.
El déficit de financiación –el gasto adicional necesario para proporcionar al menos un nivel mínimo de protección social para todos– ha aumentado alrededor de un 30% desde el inicio de la crisis sanitaria, debido a la mayor necesidad de servicios de salud, de medidas para compensar los ingresos y a la caída del PIB provocado por la crisis.
Para garantizar al menos una cobertura básica, los países de renta baja tendrían que invertir 77,900 millones de dólares adicionales al año, los países de renta media baja 362.,900 millones de dólares adicionales y los países de renta media alta 750,800 millones de dólares más. Esto equivale al 15.9%, 5.1% y 3.1% de su PIB respectivamente, según la OIT.