Marina acumula al menos tres denuncias por desaparición forzada en Guanajuato en 2018

Por Alberto Padilla/Animal Político

La recomendación de la CNDH que acusa a Semar de desaparecer a un joven en Salamanca no es un hecho aislado. Hay al menos dos casos más en

Sergio Banda Delgado tenía 25 años cuando fue capturado por elementos de la Marina en la colonia Purísima del Jardín en Irapuato, Guanajuato, el 9 de noviembre de 2018. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias sobre él. Pasaban algunos minutos de las 9 de la noche y se encontraba en una fiesta en la calle cuando irrumpieron los elementos navales y lo arrestaron junto a un amigo. El otro joven fue liberado tres horas después. Denunció haber sido interrogado sobre su consumo de drogas y torturado en un lugar desconocido. A Sergio, sin embargo, lo mantuvieron en custodia. Su madre, Cristina Delgado, no ha dejado de buscarlo. 

Dos días después de la desaparición, tras interponer una denuncia en Fiscalía, la mujer se dirigió a un grupo de marinos que se encontraba resguardando las instalaciones de una empresa. El oficial al mando le confirmó que se había producido un operativo y que hubo detenciones. Alegó que ellos acudieron a la zona para dar apoyo al Ejército y que fueron los militares los que resguardaron a los capturados. No ha tenido más información sobre el paradero de su hijo. “Nos dicen que si andan investigando, que mandan oficios, que es tardado”, dice, en entrevista con Animal Político.

El caso de Banda Delgado no es una excepción. Animal Político tuvo acceso a los expedientes de denuncia de tres jóvenes que fueron desaparecidos entre octubre y noviembre de 2018 y cuyos familiares señalan a la Marina como responsable. 

El primero es Christian Giovanny Martínez Juárez, desaparecido en Salamanca, Guanajuato, el 7 de octubre de 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el jueves 5 de agosto la recomendación 43VG/2021 en la que señala a Semar y al gobierno estatal como responsables. Presentó capturas de videos en los que se observan dos pick up con la leyenda “Marina” y con hombres uniformados que capturan a un joven que trata de escapar. El relato de una testigo y los informes de la policía estatal corroboran la denuncia. A pesar de las evidencias, la Armada negó tener responsabilidad en los hechos y rechazó la recomendación. En la misma línea, el gobierno estatal también anunció que no aceptará el informe de la CNDH. 

El segundo desaparecido es Sergio Banda Delgado, a quien se busca desde el 9 de noviembre.

El tercero es Gabriel Mejía Estrada, cuya familia denunció que elementos de la Marina se lo llevaron el 25 de noviembre en Acámbaro. 

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Ninguno ha sido localizado ni tampoco se han producido detenciones a pesar de que los señalamientos son claros contra funcionarios públicos. 

Estas desapariciones se registraron durante los primeros meses de un operativo especial de la Armada para reforzar la seguridad en Guanajuato. Los primeros elementos llegaron a finales de octubre al estado, trasladados desde la Ciudad de México, y se mantuvieron en la zona hasta octubre de 2019, cuando fueron reemplazados por la Guardia Nacional. Sus dos primeros destinos fueron Salamanca y Apaseo el Alto, aunque posteriormente se desplegaron en más territorio. Su misión era colaborar en el combate al huachicol, resguardar la refinería de Salamanca y encargarse de labores de seguridad pública en un momento en el que los homicidios se habían disparado en el Estado. 

Animal Político quiso conocer la versión de la Marina pero esta declinó hacer declaraciones. 

Hasta el momento, estas desapariciones no se han investigado como un único fenómeno sino que se tratan como hechos separados. Sin embargo, no se puede obviar el contexto de 2018, un año en el que se multiplicaron las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos contra la Marina. Entre febrero y junio, al menos 47 personas fueron desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La CNDH señaló a Semar en su recomendación 36VG/2020 y la FGR abrió 34 carpetas de investigación. Actualmente solo tres de estas han llegado a ser judicializadas y 30 elementos navales están en prisión acusados de la desaparición forzosa de cuatro personas. 

Debido a las denuncias recibidas por aquellos sucesos la Marina retiró a la mayoría de su personal de Nuevo Laredo. En junio, 257 elementos fueron enviados a la capital, donde se suponía que iban a ser investigadas. Las sospechas recaen sobre la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), un grupo de élite de la Marina encargado de los grandes operativos contra el crimen organizado. Al mando de aquella división estaba en aquel momento el almirante Marco Antonio Ortega Siu, que tras los hechos de Nuevo Laredo fue enviado a otro destino en la Ciudad de México. Alfredo Reyes Mondragón, jefe de la misión en Tamaulipas se encuentra actualmente preso ya que es uno de los 30 marinos acusados de desaparición forzosa.

Este dato es relevante ya que la Unidad de Operaciones Especiales también estuvo en Guanajuato a finales de 2018. Así queda reflejado en el Informe de Labores 2018-2019, en el que se menciona que el grupo de élite estuvo desplegado en el estado dentro de la estrategia desarrollada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el huachicol. El informe inicia a partir de diciembre de 2018 ya que es entonces cuando la actual administración accede al poder, aunque el despliegue había comenzado un mes antes. 

Por el momento es imposible determinar si los oficiales responsables de las desapariciones de Guanajuato estuvieron también en Nuevo Laredo. La CNDH no pudo identificar a los 10 uniformados que tuvieron participación en los hechos y Marina tampoco aportó información. 

Las familias tampoco tienen novedades desde que sucedieron los hechos. La recomendación de la CNDH es un primer paso, pero el hecho de que Semar y gobierno del Estado la hayan rechazado supone un jarro de agua fría. 

“La negativa a aceptar la recomendación por parte de la Semar argumentando presunción de inocencia tiene como consecuencia la impunidad para los agentes violadores de derechos humanos. Que el gobierno del estado haya anunciado que también la rechazará en la misma lógica lo que demuestra es la falta de compromiso del Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo con los derechos humanos en Guanajuato y un nuevo encubrimiento a las FSPE de Álvar Cabeza de Vaca, cuyo Grupo Táctico Operativo ha sido denunciado penalmente por ejecuciones extrajudiciales y por abuso de autoridad”, dijo Raymundo Sandoval, investigador e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

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