Marina y Policía Federal niegan enviar elementos a la Guardia por falta de leyes secundarias

Por Arturo Ángel Animal Político – 

La Guardia Nacional, actualmente desplegada en varios municipios del país, es en realidad una fuerza 100 % militar, integrada solo por efectivos del Ejército y a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esto, debido a que la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal (PF) no han transferido elementos o equipos a dicha fuerza, por la falta de un marco regulatorio y, en específico, por la ausencia de una la Ley de la Guardia Nacional que organice sus funciones.

De hecho, según la Marina y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tampoco se puede iniciar el reclutamiento de la Guardia, pues no hay claridad legal en los requisitos, ni de evaluación, ni de adiestramiento de la nueva fuerza.

Así respondieron ambas entidades a solicitudes de información interpuestas por Animal Político, en las cuales se les requería conocer la fecha de transferencia de elementos de la policía naval y federal a la Guardia Nacional, así como la cantidad de efectivos.

Esta respuesta contrasta con lo dicho por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió este 9 de mayo en su conferencia de prensa que ya tenían apoyo de policía naval y que hay avances en reclutamiento, entre otros aspectos.

El pasado 26 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. En los artículos transitorios se estableció que de forma inicial la nueva fuerza se conformaría con elementos de la policía militar, naval y federal que el presidente, vía acuerdos generales, designe para su transferencia.

Posteriormente, tanto López Obrador como el secretario de la Defensa Nacional anunciaron el arranque del reclutamiento de la Guardia Nacional. El 11 de abril se informó que el general Luis Rodríguez Bucio sería su comandante en jefe.

En tanto, el gobierno federal anunció el inicio del despliegue de elementos de esta fuerza en Veracruz y otros estados. Incluso esta semana, en una conferencia realizada desde Hidalgo, Obrador sostuvo que lo proceso de reclutamiento estaban en marcha.

El presidente ha sostenido que este despliegue es posible aun sin leyes secundarias ya que la reforma constitucional así lo permite de forma inicial. No obstante, Animal Políticosolicitó a Presidencia copia de los acuerdos que la reforma contempla para la transferencia de los elementos, y dicha oficina se negó a proporcionarlos.

La realidad legal

En el oficio 1567/19, fechado el 30 de abril, la Semar respondió que tiene prevista la transferencia de 6 mil 288 elementos de su policía naval a la Guardia Nacional. No obstante precisó que ello no ha ocurrido ni se tiene prevista una fecha para hacerlo.

¿La razón? La Marina argumenta la falta de la expedición de las leyes secundarias que contempla la reforma para darle un marco legal a la nueva fuerza a la cual enviaría a sus efectivos.

“No se cuenta actualmente con la fecha en la que se comenzará a hacer la transferencia de elementos navales a la Guardia Nacional. Lo anterior, en razón de que actualmente, la organización, funcionamiento y marco jurídico que reglamentará la actuación de la Guardia Nacional, aún no se encuentra integrada (énfasis añadid por la propia dependencia)”, argumentó la dependencia.

Pero no es todo. Sobre los requisitos y evaluaciones que los policías navales tienen que cumplir para entrar a la Guardia, la dependencia argumentó que esto tampoco puede establecerse si la nueva fuerza no cuenta con su marco jurídico completo.

“Se hace de su conocimiento que actualmente la organización, funcionamiento y marco jurídico que reglamentará la actuación de la citada Guardia aún no se encuentra integrada, toda vez que al ser un proyecto de nación, se requiere que entren en vigor las leyes secundarias que establezcan los tipos de cursos, adiestramiento y capacitación, así como las formas de evaluación del personal que integrará la Guardia,  puntualiza la Semar.

En otro oficio (1505/19) fechado el 30 de abril y con el mismo argumento, la Secretaría de Marina señala que tampoco es posible conocer ni de requisitos de reclutamiento para nuevos aspirantes, ni de centros de reclutamiento. “La Guardia un no se encuentra integrada” señala.

Una situación similar ocurre con la Policía Federal. Se solicitó a dicha corporación así como a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –a la que constitucionalmente quedó adscrita la Guardia Nacional– conocer los requisitos de reclutamiento de nuevos elementos para la Guardia y la cantidad de policías federales transferidos.

En el oficio SSPC/ST/0171/2019, la SSPC dice que no es posible informar sobre requisitos y evaluación de reclutamiento de integrantes de la Guardia ni de policías transferidos, ya que esta carece aún de una ley que la regule.

“Las condiciones de operación, estructura, régimen, y actuación de los integrantes de la Guardia Nacional estarán previstos en la Ley correspondiente (…) por tanto las atribuciones y vinculación de la estructura orgánica de la Guardia Nacional se encuentran en etapa de integración”, señaló la dependencia.

Exactamente la misma respuesta proporciona la dependencia en cuanto a la posibilidad de que ya funcionen centros de reclutamiento, pues sostiene que sin ley no es posible; también dijo que tiene registrados cero elementos transferidos desde sus divisiones a la Guardia Nacional.

Soldados y opacidad

En las imágenes que se han difundido tras el anuncio del gobierno federal del despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Veracruz y otros estados se aprecia a elementos del Ejército en el terreno con gafetes de dicha fuerza, y a otros elementos con uniformes de Guardia Nacional. Todos esos uniformes fabricados por la propia Sedena.

Luis Rodríguez Bucio, nombrado comandante de la Guardia Nacional, es de hecho general de brigada de la propia Defensa Nacional.

Pero hasta ahora no se han dado detalles precisos ni del total de elementos transferidos, ni de las circunstancias en que esto habría ocurrido, ni de los requisitos o capacitación en seguridad pública que los soldados enviados habrían cumplido, si es que fue el caso.

Animal Político solicitó a la Sedena la misma información que a la Semar, SSPC y Policía Federal, pero la dependencia pidió un plazo de prórroga para dar alguna respuesta.

Lo que también se hizo fue solicitar a la Oficina de la Presidencia los “acuerdos generales” que según la reforma constitucional de Guardia Nacional tuvo que haber firmado el presidente para enviar al menos a los elementos de policía militar a la nueva fuerza.

Sin embargo, en su respuesta a la solicitud, la Oficina de la Presidencia se negó a proporcionar dichos acuerdos al señalar que “no es un asunto de su competencia” y que, en todo caso, sería la Consejería Jurídica la que podría pronunciarse al respecto. Además, señala que tampoco es su obligación contar con la información que sustente los dichos y aseveraciones del presidente.

Semana clave para Ley de Guardia

El próximo 14 de mayo el Senado tiene previsto arrancar en comisiones el análisis del dictamen de la Ley de Guardia Nacional la cual, de acuerdo con la reforma constitucional ya publicada, debe expedirse a más tardar el próximo día 25 del mismo mes.

Los senadores han reiterado que no se trata simplemente de una ley orgánica sino de una norma que dará todo el sustento y arquitectura que requiere la Guardia Nacional, delimitando desde sus funciones y mecanismos de colaboración con otras entidades, hasta su organización interna, y los requisitos de formación, reclutamiento y disciplina de sus elementos.

Animal Político dio a conocer varios de los puntos clave que incluye la iniciativa que el gobierno federal entregó en el Senado para la expedición de la referida normal la cual, para su aprobación solo requiere de una mayoría simple, algo que Morena y sus aliados conjuntan por sí solos.

El colectivo #SeguridadSinGuerra emitió este 9 de mayo un pronunciamiento público en las instalaciones del Senado en el que exigieron que antes de la votación de un posible dictamen de Ley de Guardia Nacional, se realice un proceso de parlamento abierto para que expertos y activistas aporten puntos de vista que garanticen una norma que garantice que la Guardia será una fuerza civil efectiva y con respeto a los derechos humanos.