Naufraga impuesto ecológico para Zacatecas
Hace algunos meses la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la aplicación de impuestos ecológicos creados por Zacatecas desde 2017.
Bajo el argumento de que la entidad necesita fortalecer sus ingresos al enfrentar un desequilibrio financiero propiciado por el gasto en educación y la deuda pública, la administración del priísta Alejandro Tello se dio a la tarea de generar cuatro distintos gravámenes.
Uno por la emisión de gases a la atmósfera, otro por la contaminación del agua, el suelo y el subsuelo, uno más para la remediación ambiental en la extracción de minerales y el último por depósito o almacenamiento de residuos.
Luego de ser impugnados por empresas y por la administración de Enrique Peña Nieto, en febrero de 2020 la Corte estableció que los estados sí pueden cobrar impuestos en materia medio ambiental y los primeros dos gravámenes fueron declarados constitucionales al menos para la entidad zacatecana.
En septiembre de 2019, Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefín), afirmó que los impuestos ambientales, también conocidos como ecológicos, serían la ruta para mejorar la situación de Zacatecas.
Luego de la disminución anunciada en el presupuesto para 2020, cercana a mil 500 millones de pesos, el funcionario expuso “lo que Zacatecas pudo haber hecho, se hizo desde 2017 en materia de austeridad, racionalidad y calidad del gasto, crecimiento y consolidación de los ingresos”.
El impuesto ecológico para Zacatecas consiste en dar cauce al mejoramiento ambiental, el equipamiento dirigido a las áreas de seguridad pública, para atender el exacerbado clima de violencia en el estado y la generación de empleos.
Cabe destacar que el pasado 7 de febrero del presente año, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la constitucionalidad de los impuestos para la emisión de gases a la atmósfera, así como el de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, en virtud de que el estado de Zacatecas tiene competencia para establecerlos, además de que son proporcionales al permitir que se reconozcan los efectos negativos que se causan al ambiente.
Aun cuando el titular de Finanzas, Jorge Miranda Castro refirió que el impuesto ecológico tendría las aplicaciones citadas, en febrero de 2019, el gobernador Alejandro Tello Cristerna todavía no contaba con proyectos definidos para la aplicación y el beneficio que arrojaría a la sociedad la aplicación de dicho gravamen.
Tello Cristerna indicó que tendría nuevamente que pensar cómo hacerlo adecuadamente y que todo dependería de los alcances que tenga este impuesto y definitivamente hay lugares, son más de 20 donde obviamente mayor recurso tendrá que invertirse, y hay que ver precisamente en qué tipo de acciones y obras, declaró.
Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s indicó que el impuesto ecológico, cuya fecha de aplicación aún no se tiene contemplada para la entidad, fue calificado como deficitario en ese rubro, pues advirtió que: Zacatecas enfrenta la oposición de grupos industriales y acciones legales adicionales —más de una docena de amparos todavía se encuentran en vigor—, lo cual continuará limitando la recaudación y, en relación con los ingresos por dichos conceptos, Moody’s añade que éstos continuarán por debajo de las proyecciones referidas.
Por cuarto año consecutivo, detalla, Zacatecas incluyó un monto estimado de mil 200 millones de pesos por impuestos ecológicos en su Ley de Ingresos 2020, “a pesar de que han recaudado menos de 40 millones de pesos cada año desde que se implementaron estos gravámenes”.
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