Ovidio, Lozoya y la violencia electoral: la 4T de AMLO a juicio en las urnas
Por Claudia Ramirez /Infobae
Ovidio, Lozoya y la violencia electoral: la 4T de AMLO a juicio en las urnas
El proyecto del presidente López Obrador está a poco menos de una semana de su mayor prueba en las elecciones del 6 de junio. La inseguridad y la impunidad pueden cobrarle factura
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en una etapa crucial, ya que no solo comienza la mitad de su sexenio, sino que además, enfrenta unas polémicas, polarizadas y violentas elecciones intermedias, que determinarán la consolidación o el fracaso de la llamada Cuarta Transformación.
Y es que no solo aspira a que Morena -el partido que él fundó- se adjudique la mayoría de las 15 gubernaturas que estarán en juego el próximo 6 de junio, sino que también siga manteniendo el control de la Cámara de Diputados, la cual se renovará por completo y es es clave para sacar adelante las reformas del mandatario que aún se encuentran en el tintero y que son determinantes para la 4T.
Haciendo un corte de caja rumbo a los comicios más importantes de la historia, desde el inicio de su sexenio, López Obrador se ha visto envuelto en grandes escándalos por algunas determinaciones que ha tomado en torno a casos clave y que han sido fuertemente criticados México y en el extranjero.
Pese a que el mandatario ha desdeñado todas estas opiniones, hay una que verdaderamente le importa: la de los electores, a quienes este miércoles 26 de mayo, les pidió “no tener miedo” a pesar de la violencia electoral que se vive en el país, y los exhortó a salir a votar el próximo 6 de junio, cuando se elegirán 20,418 puestos, el mayor número de cargos públicos en la historia del país.
La liberación de Ovidio Guzmán
Poco antes de cumplir el primer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador enfrentó su primer gran desafío, el cual terminó humillando al Estado mexicano a nivel internacional.
El 17 de octubre de 2019, el Cártel de Sinaloa puso de rodillas al gobierno mexicano, hecho que pasó a la historia como el “cualiacanazo. Ese día, fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, acción que desató una guerra protagonizada por los sicarios del cártel, provocando pánico entre los habitantes de Culiacán, Sinaloa.
La violencia culminó con la liberación del hijo del capo, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, purgando una sentencia de por vida.
Días después y tras enfrentar severas críticas realizadas por especialistas, por la prensa nacional e internacional y hasta por algunos sectores del mismo Ejército mexicano; el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó haber dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán con el argumento de “salvaguardar la integridad de la población”, pues los sicarios del Cártel de Sinaloa podían provocar daño a la gente inocente, incluidas las familias de los militares.
A decir de especialistas, el “culiacanazo” provocó el daño de la reputación del presidente López Obrador y del mismo Ejército mexicano, de lo cual no han podido recuperarse. Y es que el hecho dejó mal parado al gobierno ante la sociedad mexicana y a nivel mundial, en especial con Estados Unidos, a grado tal que el hecho se le considera un ridículo del mismo tamaño que las fugas del Chapo Guzmán.
Meses después, el 29 de marzo de 2020, el presidente volvía a estar en el ojo del huracán cuando, al visitar el municipio de Badiraguato, Sinaloa, saludó de mano a la mamá de “El Chapo” Guzmán.
Ese día, López Obrador se acercó a la camioneta en donde estaba María Consuelo Loera Pérez, de 92 años de edad, y la saludó.
“Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta”, le dijo el presidente. La misiva contenía una petición para que el mandatario intercediera por ella y por sus hijas, para visitar a “El Chapo” en Estados Unidos.
Tras el escándalo, López Obrador confirmó haber saludado a la mamá del narcotraficante.
“Si, la saludé (…) Es una señora de 92 años y ya dije , la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora?, ¿cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso”, justificó.
A la fecha, ambos hechos son recordados por usuarios de las redes sociales como hechos que agravian a los mexicanos.
El “show” de Emilio Lozoya
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comenzaron una serie de investigaciones de algunos funcionarios públicos de administraciones anteriores, señalados principalmente, de corrupción.
Entre ellos estaban el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray; así como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Este último, estaba acusado de haber recibido sobornos por parte del gigante de la construcción brasileña Odebrecht, para obtener la remodelación de la refinería de Tula; así como también se le señalaba de que, como director de Pemex, había adquirido una planta chatarra de fertilizantes llamada Agronitrogenados, a un sobreprecio, lo cual generó un desfalco a las finanzas de Petróleos Mexicanos.
Al inicio, Lozoya Austin se defendió legalmente y argumentó que recibió instrucciones de Peña Nieto y Luis Videgaray, pero al final, terminó huyendo de México.
Luego de meses de permanecer prófugo de la justicia, Lozoya Austin fue detenido en un fraccionamiento de lujo ubicado en Málaga, España, el 12 de febrero de 2020, casi cuatro meses después del “culiacanazo”.
Tras permanecer preso en Madrid, aceptó ser extraditado a México con una condición: diría los nombres de todos los involucrados en la corrupción del sexenio anterior, solo si se volvía testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con versiones periodísticas, las negociaciones para que esto se llevara a cabo habrían sido obras del padre de Emilio Lozoya, el señor Emilio Lozoya Thalmann. De esta manera, el exdirector de Pemex llegó a México el 17 de julio de ese mismo año, en medio de un show montado por la propia FGR, en donde usó a un doble del exfuncionario, para distraer la atención de la prensa y poder llevarlo a un hospital privado en vez del Reclusorio Norte, debido a que “padecía problemas de salud”.
Desde la cama del hospital, Emilio Lozoya rindió su declaración por las acusaciones de los sobornos de Odebrecht y la compra de Agronitrogenados. Ahí acusó a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto para aceptar los sobornos de Odebrecht y aseguró que legisladores de diversos partidos, recibieron “moches” derivados del dinero de la empresa brasileña, para aprobar la reforma energética de Peña. Las declaraciones formaron parte de un video que “se filtró” en redes sociales y el cual fue ampliamente promovido por el presidente López Obrador.
“Yo quisiera verlo, como todos los mexicanos”, aseguró el mandatario el 12 de agosto de 2020 durante su conferencia mañanera.
Pero luego de todo el show mediático, pasó más de medio año para que la fiscalía actuara luego de las declaraciones de Lozoya.
La primera, y hasta el momento, única detención relacionada con el caso de los “moches” a los legisladores es la del exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue arrestado el pasado 9 de abril, luego de acudir al Reclusorio Norte a desahogar un elemento de prueba durante la audiencia inicial en la que se le imputaron tres cargos relacionados con el cobro de sobornos para que se aprobaran la reforma energética del expresidente Peña.
Pero el tiempo legal se agota para el fiscal Alejandro Gertz Manero para proceder en el caso Lozoya y demostrar que todos los beneficios que le otorgó a Emilio Lozoya son justificables, ya que de lo contrario, el exdirector de Pemex tendría que ser encarcelado por todos los delitos que se le imputan y todo habría quedado evidenciado en un “show” orquestado desde la presidencia de la República.
El caso Cienfuegos y la ayuda de Trump
A finales del 2020, una noticia causó un terremoto en las altas esferas de la política y del Ejército mexicano. El 15 de octubre el General en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien había sido secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.
Los cargos en contra del extitular del Ejército mexicano, fueron consecuencia de una larga investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) la cual aseguraba tener un sólido y contundente expediente en contra del General mexicano de 72 años de edad.
La noticia cayó como bomba en México, y aunque en un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la detención de Cienfuegos Zepeda argumentando que era “muestra inequívoca de la decadencia del régimen neoliberal” al tiempo que advirtió que los militares relacionados con Cienfuegos serían detenidos y no se protegería a nadie; pronto tuvo que recular, por lo que pidió al canciller, Marcelo Ebrard, exigir las pruebas que había en contra del hoy General en retiro, además de protestar debido a que la investigación en contra del militar, fue ocultada al gobierno mexicano.
En la prensa mexicana se habló entonces de que López Obrador fue presionado por altos miembros del Ejército -en activo y retirados- para que el Cienfuegos Zepeda no fuera juzgado en Estados Unidos y regresara a México.
Al mandatario no le habría quedado de otra más que ceder, debido a su alta dependencia al Ejército mexicano, institución que además de encabezar la estrategia contra la inseguridad, también está encargada de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de algunos tramos del Tren Maya, además de que tendrán el control del Banco del Bienestar -en donde se depositarán los programas sociales del gobierno, entre otras importantes tareas.
Las presiones habrían surtido efecto, por lo que el gobierno de López Obrador cabildeó con la administración del aún presidente estadounidense Donald Trump -con quien el mandatario mexicano asegura tuvo una excelente relación-, para que Salvador Cienfuegos fuera traído a México.
En un hecho sin precedentes, el gobierno de la Unión Americana retiró de manera sorpresiva los cinco cargos de narcotráfico que pesaban en contra del General mexicano y lo regresó al país con la condición de que fuera investigado en México. Una vez en territorio nacional, se le informó que se realizarían las indagatorias correspondientes, pero fue puesto en libertad.
Sin importar las críticas y los señalamientos, López Obrador defendió a capa y espada la reputación del General Cienfuegos, mientras que en Estados Unidos había voces importantes como la de varios congresistas que pedían a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación a fondo en el caso de Salvador Cienfuegos.
Pero la respuesta de la FGR realizada el pasado 14 de enero, dejó un pésimo sabor de boca, confirmando lo que muchos especialistas ya preveían: la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero exoneró a Salvador Cienfuegos, asegurando que era inocente de las acusaciones de narcotráfico. De esta manera daba carpetazo a las investigaciones en contra del poderoso General en retiro.
Al día siguiente en su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una férrea defensa de la decisión de la FGR de exonerar a Cienfuegos Zepeda, pero fue más allá y acusó a la DEA de haber fabricado el caso contra el General mexicano.
Sin importarle poner en riesgo la cooperación de seguridad con Estados Unidos, López Obrador le ordenó al canciller Marcelo Ebrard, publicar el expediente completo en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda que fue entregado por el gobierno estadounidense, con la finalidad de que “el pueblo de México”, conociera lo que la DEA calificó como “pruebas contundentes” de los vínculos con narcotraficantes del General.
En el documento de 751 páginas -que incluyen fotografías y supuestos mensajes entre criminales- que el gobierno estadounidense entregó a su homólogo mexicano, se presentan varias conversaciones desde un Blackberry en las que se identifica constantemente a una persona como “Zepeda” o “El Padrino”, apodo con el que se conoce a Salvador Cienfuegos.
Tras la publicación del expediente, las reacciones del país vecino no tardaron en llegar. El Gobierno estadounidense aseguró que México violó el Tratado de Asistencia Legal Mutua al hacer público el expediente y agregó que la justicia norteamericana se siente “profundamente decepcionada” por la exoneración de la FGR a Cienfuegos.
Así mismo, negó que los cargos contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda fueran fabricados como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso había quedado sepultado hasta este 24 de mayo, cuando un juez ordenó a la FGR reabrir el expediente contra el General Cienfuegos y su presunta relación con el narcotráfico, a raíz de un amparo que un juez en la materia le concedió a la familia LeBarón.
En conferencia de prensa afuera de Palacio Nacional, los LeBarón -cuya familia fue víctima de una matanza en noviembre de 2019- enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le exigieron imparcialidad para que no se ocupe el poder político para presionar a jueces y magistrados que resuelven el juicio en contra del exfuncionario.
En dicho documento explican que al dejar sin resolver el caso del general Cienfuegos sería aliarse con el crimen organizado y todos los delitos que ha perpetrado con el paso de los años.
“Dejar impune el caso del General Cienfuegos no es dejar sin castigo sus probables vínculos con el crimen organizado o la riqueza que eso pudo generarle. Sería no hacerle justicia a cada vida perdida, cada familia destruida y cada futuro inconcluso. Porque eso es el resultado de proteger al crimen organizado desde las Instituciones del Estado”, refirieron.
Bryan LeBarón declaró que se promovió el amparo por su derecho a saber la verdad tras el juicio contra Cienfuegos, a quien definieron como un “narco-político”, y aseguró que harán lo posible para evitar más víctimas de esta “complicidad”.
Elecciones llenas de sangre y pólvora
El actual proceso electoral se ha convertido en uno de los más violentos de la historia. De acuerdo con la consultoría Elleket, desde que comenzaron las campañas, van 88 políticos asesinados, 88% de los cuales eran opositores en municipios que buscaban representar.
A solo unos días de que se realicen los comicios del 6 de junio, se han registrado varios atentados y amenazas contra los candidatos. Y es que el crimen organizado ha intervenido de manera clara, imponiendo o eliminando candidatos, sin que las autoridades puedan evitarlo, a pesar de que el gobierno federal asegura que existe un programa de protección para los aspirantes a un puesto público.
Sin embargo, la lista de acciones violentas contra los políticos sigue en aumento a medida de que se acerca la jornada electoral.
Uno de los hechos más recientes y que impactó a la sociedad mexicana, fue el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora. El 13 de mayo, quien había sido Procurador de Justicia del estado, perdió la vida tras ser baleado cuando realizaba un evento proselitista, entregando volantes y pegando calcomanías.
Solo 12 días después, el martes 25 de mayo, otra candidata de Movimiento Ciudadano fue asesinada. Se trata de Alma Barragán, quien aspiraba a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato y había denunciado una “guerra sucia” en su contra por parte de la coalición PAN-PRD.
Poco antes del asesinato de Alma Barragán, René Zubiri, candidato de MC a la alcaldía de Plutarco Elías Calles, municipio conocido como Sonoyta, denunció haber recibido amenazas de muerte.
En todos los casos, Movimiento Ciudadano ha exigido al gobierno justicia y brindar protección a todos los candidatos.
Pero otro de los sucesos que llamó poderosamente la atención, fue el de la velocista olímpica Zudikey Rodríguez, quien es candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo.
El pasado 20 de mayo, el periodista Raymundo Riva Palacio reveló en su columna que publica en El Financiero, que Zudikey Rodríguez fue “levantada” por miembros de La Familia Michoacana. La amenazaron de muerte con la finalidad de que se bajara de la contienda y de esta manera, beneficiar a la aspirante de Morena, Michelle Núñez. Como consecuencia, Rodríguez dejó de hacer campaña.
Dos días después de que se revelara el hecho, la deportista acudió a la Fiscalía del Estado de México para presentar una denuncia. Casi a la par, comenzó a circular un video en el que dice que junto con los vallesanos, su prioridad es mejorar las condiciones de este pueblo mágico.
“Buenas tardes, soy Zudikey Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo, decirles que estoy bien, decirles que los quiero mucho equipo, y que les agradezco su apoyo incondicional. Somos vallesanos comprometidos con el futuro de nuestro municipio, buscamos lo mejor para el lugar que nos vio nacer, Valle nos necesita, Valle requiere que impulsemos los cambios para seguir mejorando la calidad de vida de todas las personas”, dijo en el clip.
Aunque Rodríguez retomó sus actos proselitistas, ahora los hace a puerta cerrada.
Durante su tradicional conferencia mañanera del pasado miércoles 26 de mayo, López Obrador fue cuestionado por el asesinato de Alma Barragán. El mandatario lamentó lo sucedido, al tiempo que aseguró que “se seguirá protegiendo a los candidatos”.
Aseveró que los autores son “gente que quiere generar inestabilidad” en la jornada electoral.
“Es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada.. Esto se da en Guanajuato en donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos y nosotros vamos a seguir dando protección… Vamos a seguir trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse que estos delitos lamentables, corresponde atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común.. Desde luego nosotros ayudamos en todo, estamos brindando protección a los candidatos que lo solicitan”, dijo.
El Jefe del Ejecutivo exhortó a la ciudadanía a no dejarse intimidar y salir a votar el próximo 6 de junio.
“Vamos a seguir protegiendo a los candidatos y decirle al pueblo que no debemos atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia de las elecciones ya sea la mafia de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco.. entonces lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar”, finalizó.