Perú: la historia detrás de la ley exime de responsabilidad penal a policías y militares
Por Radio Francia Internacional
En pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, el nuevo Congreso del Perú aprobó un decreto polémico que libera de cualquier responsabilidad penal a las fuerzas del orden que causen lesiones o la muerte a terceros, en el cumplimiento de sus funciones. Para analizar este polémico decreto conversamos con Gloria Cano, secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ella nos explica que lejos de buscar que los ciudadanos acaten las órdenes de aislamiento social, este decreto tiene objetivos meramente populistas.
Este fin de semana, el Congreso de la República del Perú promulgó la Ley N° 31012, “Ley de protección policial”, cuyo párrafo principal indica:
“Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”
Este decreto es derogado en un contexto de emergencia sanitaria, de orden de aislamiento social total y toque de queda a partir de las 8pm hasta las 5 am, medidas restrictivas cada vez más fuertes ante el desacato de los ciudadanos. Hasta el momento, se calcula que unas 33 mil personas han sido detenidas por haber infringido estas normas. En ese contexto, el país se encuentra dividido y son muchos los que reclaman una mano dura para frenar la expansión del virus.
Sin embargo, la aprobación de esta ley se va al extremo de las medidas restrictivas pues da carta blanca para el accionar de las fuerzas del orden, un escenario preocupante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado:
#Perú?? La @CIDH expresa seria preocupación ante la promulgación de una Ley que modifica el Código Penal disponiendo eximir de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que, en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. #CIDH #DDHH 1
— CIDH – IACHR (@CIDH) March 30, 2020
Sin embargo, Gloria Cano, secretaria general de la Federacion Internacional para los Derechos Humanos nos explica que esta ley no es nueva sino que se trata de un proyecto del Congreso anterior, aquel que fue disuelto constitucionalmente por el presidente Martín Vizcarra.
Nosotros como miembros de las organizaciones de derechos humanos nos hemos pronunciado en contra de ese decreto. Sin embargo, esa norma no fue realizada en el contexto de la lucha contra la epidemia, esa norma fue elaborada por el Congreso anterior para hacer frente a situaciones de conflictividad social.
Según explica Cano, en su momento esta ley no llego a tener la aprobación ni del Ministerio de Justicia ni de la Defensoria del pueblo. Gloria Cano:
Según entendemos, la propia Policía está descontenta con la derogación de esta norma pues va en contra del principio de igualdad ante la ley, porque serían los únicos funcionarios que estarían eximidos de responder ante la Justicia por cualquier delito que cometieran en sus funciones.
La gran pregunta que uno se hace es ¿por qué entonces después de estos meses, este nuevo Congreso decide aprobar esta proyecto del legislativo pasado? Gloria Cano responde:
Entendemos que ha sido un afán más populista ya que el Presidente de la República ha tomado el liderazgo ante una situación de pandemia y una situación muy grave de salud pública y tal vez, los políticos que están en el Congreso han querido sumarse a esta ola de popularidad dando una ley cuando hay toda una ciudadanía que está desobedeciendo las indicaciones de quedarse en casa. Esperemos que sea derogada por el mismo Congreso o que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. Lo puede pedir el Ministerio de Justicia o la Defensoría del Pueblo que ya se habían declarado en contra.
Pese a que el origen del polémico decreto no se relaciona con buscar frenar el coronavirus, eso no quita que en el actual contexto de confinamiento y toque de queda se estén produciendo ciertos abusos de las fuerzas del orden. Uno de estos casos de abuso policial es el cometido contra el periodista Ralph Zapata, editor regional de la plataforma Ojo Público quien fue trasladado a la estación policial pese a encontrarse dentro de su domicilio, este es su testimonio:
Estaba coordinando la edición regional con mi editora general cuando me acerco al umbral de la puerta porque escucho que diez policías estaban increpando a mi madre, ella tiene 75 años y estaba sentada en el umbral de la puerta. Los policías le decían que debía entrar a su casa por el estado de emergencia y el toque de queda, pero ella decía yo estoy dentro de mi casa. En ese momento, cuando me acerco, los policías me cogen del cuello, me sacan con violencia, sin zapatos y llego sin zapatos a la comisaría. Comprenderás que es un momento de shock (…) Desde Ojo Público estamos totalmente convencidos y apoyamos las medidas restrictivas del gobierno para vencer la pandemia, sin embargo, lo que nunca vamos a tolerar son los abusos de la Policía y de las Fuerzas Armadas (…) esto es claramente un abuso policial.
Ralph Zapata afirma que de acuerdo a las informaciones que él ha recibido, en zonas alejadas de la región Piura, a dos horas de la frontera con Ecuador, sí están sucediendo excesos policiales. “Me preocupa la situacion de esto sectores, tenemos muchos sectores vulnerables que son los que tratamos de defender ahora frente a la promulgación de esta ley”.
En Perú, ante el desacato flagrante de ciudadanos – hasta la fecha 33 mil han sido detenidos – a las órdenes de confinamiento, el gobierno anuncia que el toque de queda para ciertas regiones empezará antes de lo previsto. Medidas similares a estas se producen en otros países de América Latina como El Salvador, Honduras o Guatemala se han levantado las garantías constitucionales, una decisión delicada, segunp alertan los organismos de derechos humanos.