Programas de AMLO dan dinero pero desatienden derechos, advierte Coneval

Por Animal Político

A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos.

La política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrada en programas con transferencias directas de dinero, pero no significan una atención integral para evitar carencias en la atención médica, seguridad en el ingreso y desarrollo humano. 

Así lo advierte el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la estrategia en materia social de la actual administración. 

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“Se identificó que los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida. Los programas han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”.

Por eso consideró que si bien es un acierto eliminar intermediarios es necesario capacitar a los Servidores de la Nación, la figura creada en esta administración que acude a las comunidades a entregar los apoyos sociales; también debe mejorar la calidad de la información generada para la conformación del Padrón Único de Beneficiarios, la evaluación de los programas y la difusión de calendarios de entrega de apoyos.

A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos, como becas, créditos y apoyos directos, pero esto no garantiza “que la condición de vulnerabilidad que los origina pueda superarse por medio de estos”. 

Un ejemplo de es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece una vinculación temporal por 12 meses con un apoyo mensual para recibir capacitación en un centro de trabajo, “pero carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad”. 

Este programa también podría ocasionar un resultado adverso, pues para este mismo grupo de edad hay otros apoyos y con distintos montos, como las becas, pero “podría ocasionar que un sector de esta población se decante por el programa que ofrece el mayor monto, en este caso el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y derive en la deserción escolar al tratarse de un incentivo económico más alto”.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa más numeroso y un proyecto que el presidente implementó desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, está enfocado al riesgo por inactividad laboral, asociado con la seguridad en el ingreso al proveer de un apoyo económico que se entrega bimestralmente de manera directa para la población a población indígena de 65 años o más y la no indígena de 68 años o más. 

Sin embargo, no existen estrategias que cubran riesgos por enfermedad o discapacidad para la mejora del acceso a los servicios de atención médica para la población adulta mayor, pese a que la población mayor de 65 años presenta una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso. Se estima que 25.8% de la población mayor de 65 años tiene diagnosticada diabetes. 

Además, también requieren un sistema nacional de cuidados de largo plazo, pero ante la inexistencia del mismo, la responsabilidad de cuidados recae en las familias, mayoritariamente en mujeres, que generalmente carecen de capacitación o de apoyo para proporcionar la atención que se necesita.

En tanto, el programa para personas con discapacidad permanente también entrega apoyos directos; sin embargo, en la práctica se identificó que prioriza a la población entre 0 y 29 años, por lo que el acceso a las personas adultas con discapacidad está limitado por esta práctica.

Para mejorar los programas, el Coneval recomendó al gobierno federal realizar evaluaciones a sus estrategias, pues eso permitirá mejorar de manera continua las intervenciones públicas con información relevante para perfeccionar su diseño, implementación y seguimiento. Pero para que esto sea posible, “el proceso de evaluación debe acompañar a los implementadores en la consecución de sus objetivos, a partir de entender qué se pretende alcanzar y cómo se planea hacerlo”.

Reacción ante la pandemia 

El Coneval también analizó las estrategias del gobierno federal para afrontar la pandemia de COVID-19 y señala que si bien la entrega de transferencias eran necesarias en un primer momento, “es indispensable considerarlas como medidas temporales e impulsar otras medidas de carácter estructural” y lograr un verdadero sistema de protección social universal. 

Sobre todo porque la pandemia coloca al mundo en un contexto adverso, y en México, además debe considerarse que el panorama ya era complicado, pues hasta 2018, el 41.9% de la población se encontraba en pobreza y de estos, 7.9% en pobreza extrema.

Pero tras la pandemia las repercusiones de la crisis económica se verán en la reducción del empleo formal, del ingreso laboral de la población empleada, así como en el incremento de la población desocupada y en informalidad. Además, “se podría exacerbar los elevados niveles de pobreza y empeorar las condiciones de vida de quienes ya se encuentran en esta situación”.

El gobierno federal implementó 53 intervenciones, de las cuales 31 corresponden a programas presupuestarios y 22 a acciones no presupuestarias. En general enfocadas a mejorar las capacidades del personal de salud y la investigación científica sobre COVID-19; mejorar las condiciones de ingreso, servicios básicos en la vivienda y seguridad social; brindar atención médica y psicológica a los grupos con mayor vulnerabilidad ante la emergencia, y proporcionar apoyos alimentarios, según identificó el Coneval.

Sin embargo, “el desafío en materia de protección social es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del estado de bienestar y un sistema de protección social universal”.

Aunque en un principio era necesario asegurar los ingresos y el consumo en los hogares, en el largo plazo es necesario reducir las desigualdades para responder a los impactos de la crisis en la vida de las personas.