Ramírez Cuéllar y su medición de la riqueza: inviable y autoritaria

Por Aquiles Siller /Político  mx

Las opiniones convergen alrededor de la propuesta de Morena y su dirigente nacional Alfonso Ramírez Cuéllar para que el Inegi acceda a otras bases de datos y verifique la riqueza patrimonial de los mexicanos. Legalmente es inviable y tiene un carácter ampliamente autoritario. No solo es por parte de la oposición, sino que juristas, economistas, líderes empresariales y hasta integrantes de esa misma fuerza política coinciden en sus argumentos para catalogarla de esa manera.

En entrevista para El Financiero, el jurista Diego Valadés opinó que la propuesta “no tiene en cuenta que la seguridad jurídica es un principio constitucional básico de toda democracia”.

“Si la Constitución fuera reformada en el sentido que se propone, el Estado mexicano se convertiría en un Estado policial. Prefiero creer que esa propuesta es solo un error impremeditado, y no que se trata de un proyecto para substituir la democracia en México”, expuso el también exfuncionario.

Para El Heraldo Radio, Salvador Mejía, socio fundador de la consultora Asimetrics, descartó la posibilidad de que la propuesta morenista avance, al poner el énfasis en que es violatoria de las garantías individuales. Destacó que si se plantea la necesidad de medir la concentración de la riqueza, el Banco de México junto al Inegi ya realizan estudios para calcular este parámetro en el país; recordó que ese organismo autónomo “existe para saber quiénes somos, no para la medición de la riqueza”.

La doctora en Derecho Constitucional y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Pilar Hernández, consideró en conversación para El Financiero que “plantear una reforma a todas luces inconstitucional, recuerda las medidas adoptadas en otras latitudes so pretexto de situaciones de ‘excepción’, en los que cada vez más la vida y los derechos de ciudadanía pueden ser sacrificados”.

En el Senado, la bancada panista calificaron la propuesta de ser “ilegal, arbitraria e invasiva, y busca dividir a la sociedad, pero, sobre todo, ocultar el fracaso de este gobierno” en materia económica. En este sentido Damián Zepeda consideró la propuesta como “una amenaza real y muy preocupante”; aseguró que “en política no hay casualidades”, pero el tema ya está expuesto, para distraer o amenazar.

Otro experto consultado por El Financiero, es Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Al revisar la iniciativa advirtió que “entendemos el tema de que no esté bien medida la riqueza del país y por lo tanto no esté bien medida la desigualdad…, sin embargo, no vemos estas facultades, si se le dan al INEGI, nos parecen medidas que no van a apoyar lo que se requiere”.

En el feudo propio, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a presidente nacional de Morena, explicó que “la nomenclatura tiene todo el derecho de seguir impulsando sus autoritarias y antidemocráticas ideas, pero como minoría que son dentro del movimiento y en México, no tienen derecho a embarrar a Morena, a la Cuarta Transformación y dañar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Reconoció que, “con sus tesis trasnochadas de una izquierda radical que se quedó anclada en el siglo XIX”, no representan a la amplísima mayoría de los lopezobradoristas, “quienes somos de una izquierda democrática, progresista y moderna, que vemos con esperanza la construcción de un nuevo futuro para la nación”. Alertó que su “radicalismo autoritario” es contrario al espíritu democrático de la Cuarta Transformación, por el que votaron más de 30 millones de mexicanos.