El “silencio sepulcral” de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EE.UU.
Por Alberto Najar BBC Mundo –
Es una de las crisis migratorias más graves de la historia reciente. Según datos del gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de 500.000 personas.
Pero la magnitud de la emergencia contrasta con la posición que asumen los países del Triángulo Norte; es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador.
De esta región salió la mayor parte del éxodo hacia Estados Unidos. Hasta ahora sólo el gobierno de El Salvador ha expresado una posición clara sobre el problema.
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La ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Alexandra Hill Tinoco, reconoce a BBC Mundo que se trata de una “tragedia humanitaria”.
La solución, añade, corresponde a toda la región, incluidos México y Estados Unidos.
Pero en cambio, Guatemala y Honduras poco han dicho sobre el tema. Tampoco existe un posicionamiento claro sobre la nueva estrategia mexicana para controlar el ingreso de migrantes a su territorio.
La estrategia pretende restringir el ingreso de personas sin documentos migratorios, y para eso desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional formada por militares.
BBC Mundo pidió a las cancillerías de ambos países una posición ante la emergencia y las acciones de los gobiernos de México y EE.UU., pero no hubo respuesta.
“Silencio sepulcral”
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la mayoría de las personas que abandonaron Centroamérica provienen de Honduras y Guatemala.
La embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, dice que el número de migrantes que salieron de esos países en unos meses “equivale al 1% de su población”.
Por eso algunos critican el bajo perfil que mantienen ante la emergencia. Parece, coinciden analistas, que la emergencia por el éxodo migrante no es una prioridad para esos países.
Una explicación, dice Gabriel Orellana Rojas, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, son los problemas internos que enfrentan ambos gobiernos.
El presidente Jimmy Morales concluye en unos meses su mandato, marcado por acusaciones de corrupción, recuerda el excanciller.
También fue cuestionado por negarse a renovar la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que, en sus 11 años en activo, cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.
A su vez el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.
Además, desde 2017, cuando se reeligió tras un cuestionado proceso, Hernández encara una creciente oposición que se expresa en marchas y protestas en las calles.
“Los dos enfrentan una situación en que posiblemente lo que les interesa es su sobrevivencia política”, dice el excanciller Orellana Rojas a BBC Mundo.
“Por eso guardan un silencio sepulcral, y lo van a mantener hasta que puedan salir airosos de esta situación, pero no como gobernantes sino como personas”.
Dinero de EE.UU.
Por otra parte, las relaciones entre EE.UU. con Guatemala y Honduras también vienen marcadas por la asistencia económica que el país del norte otorga a las naciones centroamericanas.
Parte de ese apoyo se envía a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Es una estrategia regional que pretende arraigar a las personas en sus comunidades a través de empleos, mejores condiciones de seguridad y educación, por ejemplo.
Y además del plan existen otras iniciativas estadounidenses en cada país.
En El Salvador, por ejemplo, se financian programas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por las pandillas.
También se envían recursos a programas para prevenir la delincuencia y mejorar los organismos de justicia en Honduras.
Y para Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de financiamiento estadounidense, el dinero se utiliza para programas para combatir la corrupción y en apoyo a jóvenes.
Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el apoyo de EE.UU. en estos programas se concentran en acciones para prevenir la migración.
De acuerdo con información del Departamento de Estado estadounidense, esos fondos representan unos US$450 millones para este año.
Una cantidad menor a la que recibe Centroamérica por remesas. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el año pasado el monto fue de US$22.500 millones.
La región tiene, recuerdan organizaciones civiles, una fuerte dependencia de Estados Unidos y es una de las explicaciones para la posición de algunos países ante la migración irregular.
“El problema es cómo desincentivamos la migración desde nuestros países”, le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).
“Se pueden endurecer las leyes como hizo Estados Unidos que ahora presiona a México y a Guatemala para que cierre sus fronteras. Pero la solución no pasa por allí. Hay que desarrollar a los países”.
“No culpamos a nadie”
Más allá del silencio oficial ¿qué han hecho los gobiernos del Triángulo Norte para atender la crisis migratoria?
Las autoridades de Honduras aumentaron la presencia de policías y militares en su frontera con Guatemala, como una forma de disuadir la salida de personas.
La primera dama Ana García de Hernández visitó algunos centros de detención de migrantes en Texas. Tras ver las condiciones de las prisiones recomendó a los hondureños no viajar sin visa a Estados Unidos.
Mientras, el gobierno de Guatemala envió 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la frontera con México.
La estrategia se llama “Operación gobernanza para la migración irregular”, y según la PNC la intención es verificar la documentación migratoria de quienes pretenden abandonar el país.
Y, en el caso de El Salvador, el plan es solucionar las causas que provocan la salida de personas, explica la ministra Hill Tinoco.
“No estamos en la posición de culpar a nadie” dice a BBC Mundo. “Es una responsabilidad compartida con los gobiernos de Estados Unidos, de México y de nuestros hermanos de las repúblicas de Honduras y Guatemala”.
Parte de la estrategia es el programa “Sembrando vida”, para emplear a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador.
El proyecto es financiado por México, que aportó US$30 millones. Es parte del plan diseñado por la Cepal, para solucionar las causas que provocan la migración de Centroamérica.
“Hay medidas de corto plazo que vamos a hacer” explica Alexandra Tinoco.
“Hay una propuesta para trabajar con los países del Triángulo Norte y erradicar las causas estructurales que hacen que nuestra gente emigre por falta de oportunidades e inseguridad”.