“Se reducirá en un 30 por ciento el monto aprobado para 2019 en materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones”. También “habrá una reducción del 50 por ciento en viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros”, abunda la misiva.

Pese a que la comunidad científica nacional reconoce y apoya la intención del nuevo Gobierno para incrementar la eficiencia gubernamental, señala que los abusos no se resuelven con recortes presupuestarios generalizados, pero sí con mecanismos adecuados de auditoría y fiscalización.

En una carta fechada el 21 de mayo de 2019, más de tres mil investigadores y científicos mencionan que “los nuevos recortes imposibilitarían el cumplimiento de los compromisos definidos en los Decretos de Creación de los CPI’s”. Esto es, dejan en vilo las investigaciones, plazas operativas indispensables, así como el desarrollo de investigadores y proyectos tecnológicos de relevancia nacional.

En los últimos 20 años, México ha invertido entre el 0.4 y el 0.5 por ciento de su PIB en CTI. Empero, la inversión “mínima necesaria” en el país debería de ser del uno por ciento del PIB, según las estimaciones (2019) de la doctora Julia Tagüeña Parga, titular de la coordinación general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) para el periodo 2019-2021.

Asimismo, la inversión “ideal” por país en CTI, según los estándares internacionales reconocidos por la UNESCO, debería de ser de entre 2.5 y tres por ciento del PIB nacional. México invierte, en cambio, la cuarta parte de la mínima inversión necesaria, así como la quinta parte de lo requerido a nivel mundial.