Turquía: cinco años después del golpe de Estado fallido, Erdogan sometió a las instituciones
Por RFI
Este 15 de julio se cumplen en Turquía cinco años del fallido golpe de Estado que tuvo como objetivo al presidente Recep Tayyip Erdogan en el verano de 2016 y que se saldó con la muerte de 251 personas, sin contar los muertos del bando golpista. Desde ese día, las autoridades han acusado a un predicador musulmán exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, y persiguen sin descanso a sus seguidores en el país y en el extranjero.
Por Anne Andlauer, corresponsal de RFI en Estambul
Este intento de golpe de estado ha dado al presidente turco la oportunidad de poner bajo su control las instituciones. Hay una cifra que se cita a menudo y que merece ser recordada: cerca de 125.700 funcionarios turcos han sido despedidos desde el fallido golpe de Estado, por simple decreto ley, acusados de “vínculos con el terrorismo”, sin más explicaciones ni pruebas. Además de las consecuencias para los funcionarios destituidos, éstos han tenido que ser sustituidos, con efectos en las propias instituciones, que se han visto completamente desbordadas.
La Justicia fue uno de los ámbitos más afectados. Más de una cuarta parte de los magistrados que estaban en funciones en el momento del golpe abortado han sido destituidos. Sus reemplazantes, y los que se quedan, están sometidos a una intensa presión y a la amenaza de sanciones si sus decisiones no son de su agrado. Y lo que se aplica al Poder Judicial también vale para la policía, el Ejército o a la enseñanza superior.
El AKP ya no tiene mayoría absoluta
Recep Tayyip Erdogan, que lleva 18 años en el poder, ha reforzado su control sobre las instituciones. También ha reforzado sus poderes. La principal consecuencia política de este golpe fallido es que selló la alianza entre el partido del presidente Erdogan, el AKP, y el partido ultranacionalista, el MHP. Esta alianza le permitió aprobar en abril de 2017, mediante referéndum, una reforma constitucional que aumentó considerablemente los poderes del jefe del Estado.
Al parecer, Recep Tayyip Erdogan no está del todo satisfecho con esta reforma, ya que ha prometido una nueva Constitución para el próximo año, que el AKP está redactando actualmente con su aliado MHP. Para la oposición, este nuevo régimen “hiperpresidencialista” y la alianza con la extrema derecha se han traducido en una represión cada vez más fuerte. Es el caso, sobre todo, de la oposición de izquierdas prokurda, representada por el partido HDP, miles de cuyos miembros han sido detenidos y se enfrentan a la disolución en los tribunales.
Desde el punto de vista político, el fallido golpe de 2016 no ha reforzado la base política del presidente turco. La alianza con el MHP es una prueba de ello: Recep Tayyip Erdogan ya no gobierna solo. Su base electoral se está desmoronando y el AKP ya no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Necesita un aliado minoritario para aprobar sus leyes y que pueda presumir de haber llevado su ideología ultranacionalista al poder. Por otra parte, la oposición se fortalece en las encuestas y parece relativamente unida, aunque todavía está lejos de una gran alianza de opositores, incluido el partido pro kurdo.
Suponiendo que las próximas elecciones de junio de 2023 sean libres y justas, Recep Tayyip Erdogan tiene de qué preocuparse.