Argentina restringe la entrada de sus propios ciudadanos para contener la variante Delta
Por RFI
El gobierno argentino ha impuesto un límite a los argentinos que regresan al extranjero, que afecta a 45.000 ciudadanos. El cupo diario de hasta 2.000 personas se ha reducido en un 70%, permitiendo la entrada de sólo 600 argentinos al día, lo que equivale a sólo dos aviones comerciales. La medida, considerada inconstitucional por juristas, pretende frenar la expansión de la variante Delta.
Por Márcio Resende, corresponsal de RFI en Buenos Aires
A raíz de esta medida, cada día 1.400 personas que tenían billetes de vuelta se quedarán en el extranjero sin permiso de embarque. No se espera que las frecuencias de los vuelos de las compañías aéreas les permitan regresar hasta agosto o septiembre. Se estima que 45.000 argentinos ha viajado al extranjero, especialmente en los Estados Unidos, donde fueron a vacunarse. Argentina comenzó a limitar el regreso de los propios argentinos el lunes (28).
Las nuevas reglas también imponen que quienes regresen al país a partir del jueves tendrán que cumplir un aislamiento en un hotel sanitario, pagado por el propio pasajero. Las medidas se aplican a los argentinos y a los extranjeros residentes en el país. Los turistas tienen prohibida la entrada en Argentina desde diciembre. La única puerta de entrada al país es el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires). Todas las fronteras terrestres también están cerradas para los propios argentinos desde diciembre.
Es un caso único en el mundo: el país impide que sus propios ciudadanos regresen al territorio. Sin embargo, las nuevas normas no incluyen a la clase política, exenta de la prohibición de retorno y la cuarentena.
“La Constitución garantiza el derecho a circular, transitar y entrar en el territorio argentino. El decreto del gobierno prácticamente elimina ese derecho. Los derechos, principios y garantías no pueden ser alterados por las leyes, pero en este caso, ni siquiera es una ley; es un decreto e inconstitucional”, acusa el constitucionalista Daniel Sabsay.
“Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso cuando la restricción de un derecho se basa en la ley, debe demostrarse que ésta es la menos perjudicial. En este caso, es la decisión más perjudicial porque suprime el derecho de tránsito, obliga a una especie de reclusión en el extranjero sin horizonte de retorno y obliga a la persona a afrontar todos los gastos. Y cuando consiguen volver a su país, tienen que ser confinados en un hotel, por el que también tienen que pagar”, añade el abogado.
El gobierno argumenta que se trata de una medida para contener la llegada al país de la variante Delta y que los argentinos, cuando viajan al exterior, firman una declaración jurada que les advierte sobre los riesgos de salir del país y no poder regresar con las nuevas restricciones.
“Advertimos que la firma de una declaración jurada conlleva responsabilidades. Las personas que han decidido viajar han aceptado las consecuencias económicas y sociales que supone viajar durante una pandemia”, argumenta Florencia Carignano, directora del Departamento de Migraciones.
“Una declaración jurada no sustituye a la Constitución”, recuerda Sabsay. Los argentinos ya son controlados al volver al país: deben hacerse tres pruebas de PCR. Una en el país de origen del vuelo; otra al aterrizar en Buenos Aires; una tercera siete días después del aislamiento.
La restricción de los vuelos también afecta a la llegada, en los mismos aviones, de envíos procedentes del extranjero, como componentes y medicamentos. Por ejemplo, se perdieron cinco córneas para trasplantes que iban a llegar en un vuelo cancelado desde Estados Unidos.
Medidas inocuas
El año pasado, Argentina tuvo la cuarentena más larga y estricta del mundo. Duró 233 días. Aun así, el país parece estar entre los peores en la gestión de la pandemia.
En las últimas horas, un nuevo ranking de la agencia Bloomberg, que evalúa la gestión de la pandemia, sitúa a Argentina en el último lugar entre los 53 países evaluados. Se trata de países con un PIB de al menos 200.000 millones de dólares. La clasificación evalúa la tasa de mortalidad, el número de pruebas, la tasa de positividad, el acceso a la vacuna, el endurecimiento de las restricciones, el crecimiento del PIB e incluso el número de vuelos.
“Argentina ocupa el último lugar porque su gestión de la pandemia es muy mala y está marcada por un alto nivel de medidas discrecionales para el movimiento de personas”, afirma el analista internacional Sergio Berensztein.
El ranking está liderado por Estados Unidos, lo que refuerza el argumento de los argentinos en el exterior. La mayoría de ellos viajaron a Estados Unidos para vacunarse y regresar a Argentina inmunizados. Regresan de un país con muchos menos contagios y muertes.