Juicio a expresidentes: ¿es viable o no?, ¿cuál sería la ruta legal?

Por Andrea Cruz /Politico mx

Enjuiciar a expresidentes es una idea que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador planteó como promesa de campaña, esto, dentro de su discurso de combate a la corrupción. Sin embargo, conforme avanzó su Presidencia, la opinión de AMLO sobre juzgar a sus antecesores ha ido cambiando, por lo que iniciar un juicio contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto quedaría en manos de los ciudadanos, pues solo accedería a esta acción si mediante una consulta lo deciden los mexicanos. En ese contexto, el PT -aliado de Morena y AMLO en los pasados comicios- anunció que juntará las firmas para impulsar una solicitud y los exmandatarios puedan ser juzgados, pero ¿es o no viable esta posibilidad?, ¿tendría alguna implicación legal?

Esto dice el PT

El diputado del PT, Benjamín Robles y otros de sus compañeros de bancada impulsarán una solicitud para que se lleva a cabo una consulta ciudadana en las elecciones intermedias de 2021, con el fin de que se pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con que se inicie un proceso penal en contra de los expresidentes desde 1988 a 2018.

“El Partido del Trabajo ha decidido convocar al pueblo de México a una consulta y queremos preguntarle al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal en contra de los ex presidentes de la República, de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de (Felipe) Calderón, que se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Esa es la pregunta que se le va a ser el pueblo de México”, dijeron los petistas en conferencia de prensa.

De acuerdo con el PT, habría tres maneras de realizar la consulta:

• Presidente solicite a Cámara de Diputados -entre el 1 y 15 de septiembre- que esta consulta se realice en las elecciones federales de 2021.
• PT recabe un tercio de los diputados para que estos soliciten, -entre el 1 y 15 de septiembre-, a la Cámara de Diputados realizar la consulta.
• Recabar firmas equivalentes al 2% de la Lista Nominal, es decir, cerca de dos millones de ciudadanos para respaldar la consulta

Respecto a la tercera posibilidad, el PT expresó que el plazo para solicitar la consulta vence este 15 de septiembre, por lo que es complicado recabar las firmas en este tiempo.

“Le vamos a solicitar a los diputados y diputadas del movimiento, a iniciativa del partido del trabajo, que un tercio de (los legisladores se sumen). Vamos a reunir las firmas de los legisladores necesarios para solicitar que en la elección federal del año entrante, junto con la renovación de los 500 diputados y diputadas y con la renovación de 15 gobernadores y de un número muy importante de congresos locales y de un número muy importante de alcaldías se lleve a cabo la consulta para que los expresidentes sean sometidos a proceso penal”, abundó Robles Montoya.

¿Qué opina AMLO?

Aunque fue el principal impulsor de enjuiciar a los expresidentes “del periodo neoliberal” durante su campaña a la Presidencia, incluso enlistó las razones por las cuales se les juzgaría:

• Carlos Salinas de Gortari: “por entregar empresas públicas a particulares”
• Ernesto Zedillo: “Fobaproa”
• Vicente Fox: “por traidor a la democracia y fraude del 2006”
• Felipe Calderón: “guerra contra el narcotráfico”
• Enrique Peña Nieto: “corrupción”

Para 2019, incluso frenó la realización de la consulta, pues aún no tenía la reforma al artículo 35 de la Constitución. Además, aunque se le cuestionó directamente si se abriría una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón luego de la detención de Genaro Gacía Luna por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, apuntó que debería ser mediante una consulta ciudadana.

AMLO incluso ya adelantó que en caso de llevarse a cabo, su voto sería en contra, pues no se puede vivir anclado al pasado.

“Si los ciudadanos quieren que se inicien procesos judiciales en contra de los expresidentes, reúnen firmas y se lleva a cabo una consulta. Es más, yo he expresado que yo votaría en contra, porque no quiero que nos empantanemos”.

¿Es viable?

Debido a las reformas aplicadas al artículo 35, se establece que se podrán someter a consideración temas de trascendencia regional y no únicamente los de interés nacional. Estas además serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República; 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión (que es el punto que plantea ejercer el PT), o mediante los ciudadanos, equivalente al 2 % de los inscritos en la Lista Nominal.

En el caso de que sea a petición del presidente o de los legisladores, esta deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. Además, para que sea vinculatoria, la participación ciudadana debe ser del 40 % de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido del 2 % de la Lista Nominal para solicitar la consulta. Así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

En el artículo 35 además se establece que “las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto”. Aunque algunos especialistas han señalado que la consulta en realidad no tendría alguna implicación legal o jurídica, la acción tendría más un fin político para señalar a integrantes de los otros partidos, de cara a las elecciones de 2021.