Luego de varias décadas sin ejecuciones, junta militar en Birmania ejecuta a cuatro prisioneros
La junta militar de Birmania ejecutó a cuatro opositores, incluyendo a un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi, siendo la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas.
La ejecución de cuatro opositores, entre los que se encontraba un reconocido activista por la democracia, aumenta los temores de que se ejecuten más penas de muerte y ha generado que diversas organizaciones de derechos humanos hagan un llamado a la comunidad internacional para que se tomen medidas más severas contra la junta militar.
Según el diario estatal Global New Light of Myanmar, los cuatro opositores fueron condenados a muerte y ejecutados por encabezar “actos de terror brutales e inhumanos” según “el procedimiento de la prisión”. Hasta el momento no se han dado detalles de cuándo, ni cómo fueron llevadas estas ejecuciones.
Luego que el año pasado la junta militar tomara el poder se ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas como parte de su represión de la disidencia. Una contestable decisión que rompe décadas sin haberse llevado a cabo ejecuciones en dicho país.
Los sentenciados
Phyo Zeya Thaw, de 41 años, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi, fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo. Este pionero del hip hop en Birmania, cuyas letras criticaban al ejército desde comienzos de la década del 2000, estuvo detenido en 2008 por pertenecer a una organización ilegal y posesión de divisas. En el 2015 fue diputado durante la transición del gobierno militar al civil.
La junta lo acusó de haber orquestado varios ataques contra el régimen, incluyendo uno contra un tren en el que murieron cinco policías en agosto pasado en Rangún. Por su parte, Kyaw Min Yu, conocido como “Jimmy”, un prominente activista por la democracia de 53 años, recibió la misma sentencia del tribunal militar. “Jimmy” era un escritor y opositor de larga data del ejército, conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época. Fue detenido en octubre y condenado en enero.
Los otros ejecutados dos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.
Según los medios locales, miembros de las familias de Phyo Zeya Thaw y Kyaw Min Yu realizaron un plantón frente a la prisión de Insein en Rangún, con la esperanza de recuperar sus cuerpos sin vida.
Reacción internacional
“Este es otro ejemplo del espantoso balance de la junta en materia de derechos humanos, junto a las torturas, desapariciones forzadas, la utilización de minas antipersonas diseminadas en los jardines de la gente, es el regreso a la pena de muerte donde había una moratoria desde finales de los años 80”, comentó a RFI Jean-Claude Samouiller, presidente de Amnistía Internacional Francia.
Según el presidente de esta ONG, habría unas 100 personas en los corredores de la muerte y que, de acuerdo a un decreto de ley marcial de marzo de 2021, “el poder judicial paso de los tribunales civiles a los tribunales militares, con procedimientos sumarios, completamente ilegales y sin derecho a apelación”.
Por su parte, Estados Unidos, reaccionó a través de su representación diplomática en Birmania. “Condenamos la ejecución por parte del régimen militar de líderes prodemocráticos y funcionarios electos por ejercer sus libertades fundamentales”. Francia a través de su portavoz de Ministerios Exteriores condenó fuertemente las ejecuciones y estima que “esta es una nueva etapa de una serie de atrocidades cometidas por la junta militar luego del golpe de estado en 2021.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la decisión, tachándola de una “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”. Es probable que las ejecuciones agraven el aislamiento internacional de los militares birmanos, que se hicieron con el poder por la fuerza el 1º de febrero de 2021 bajo pretexto de un supuesto fraude en las elecciones del año anterior, en las que el NLD arrasó.