Personas intersexuales se someten a cirugías siendo demasiado jóvenes para dar consentimiento
Un nuevo estudio ha revelado que las personas intersexuales se han sometido a cirugías y tratamientos complejos siendo demasiado jóvenes como para dar su consentimiento. Muchas de estas intervenciones dieron lugar a una variedad de consecuencias negativas para la salud física y psicológica.
Con este hallazgo, la Comisión de Derechos Humanos de Australia ha empezado a abogar por nuevas legislaciones que permitan proteger a los niños nacidos con esta condición. El consentimiento de la persona interesada será un requisito, y además un panel de expertos independientes deberá dar su veredicto también a menos que haya necesidades médicas urgentes de por medio.
La intersexualidad, una condición aún poco explorada
La intersexualidad hace referencia a las variaciones de las características sexuales genéticas, hormonales o físicas con las que nacen algunas personas. Estas no se ajustan a las normas médicas establecidas para los cuerpos masculinos y femeninos; en consecuencia, las personas intersexuales tienen una variedad de cuerpos e identidades.
Hasta ahora, se estima que alrededor del 1,7% de la población tiene alguna variación en las características sexuales. Y aunque ahora se habla más de ello, hay escasez de datos sólidos sobre la intersexualidad y, por ende, de la frecuencia de la aplicación de procedimientos médicos, incluidas cirugías, para abordarla.
Cirugías y tratamientos hormonales a los que suelen someterse las personas intersexuales
La comisión ha escuchado las experiencias de personas que se sometieron a una variedad de intervenciones médicas para “normalizar” la apaciencia de sus genitales. Los resultados de su investigación se publicaron recientemente en un informe y revelan serias violaciones a los derechos humanos en etapas muy tempranas de la vida.
Algunas personas intersexuales se sometieron a cirugías para reducir el tamaño del clítoris denominadas clitoridectomía o clitorectomía, pero los procedimientos fueron muy variados. Entre ellos, estaban la labioplastia, una cirugía para modificar los el tamaño o modificar la forma de los labios menores, y la vulvoplastia, que reduce el tamaño o modifica la asimetría de los labios menores.
Uno de los casos más controversiales fue el de un bebé nacido con genitales masculinos más pequeños de lo normal y al que sometieron a una cirugía de construcción de vagina para darle apariencia de niña.
La investigación también reveló que muchas personas se habían sometido a tratamientos hormonales tempranos para facilitar el desarrollo de características sexuales masculinas o femeninas típicas.
Se necesita una nueva legislación para proteger a los menores de intervenciones médicas no consensuadas
Según Morgan Carpenter, director ejecutivo de Intersex Human Rights Australia, concluyó que el informe identifica “problemas clave con la práctica clínica actual”. Entre ellos, la falta de evidencia, la confianza en los fundamentos psicosociales y la falta de atención a las preocupaciones planteadas por los profesionales psicológicos y psiquiátricos.
Aunque en el pasado esto se hubiese aceptado como un procedimiento médico necesario, la realidad es que la forma en que se ha estado haciendo muchas veces conlleva abusos contra los derechos humanos.
“Hoy hacemos un llamado a los gobiernos estatales, territoriales y de la Commonwealth para que actúen para poner fin a estos abusos”, dijo Carpenter. “Necesitamos nuevas leyes que reconozcan nuestro derecho a decidir qué sucede con nuestros propios cuerpos”.
Con base en ello, el informe recomienda la creación de una nueva legislación para regular estas intervenciones médicas. La propuesta es que estas solo se realicen con el consentimiento previo, informado y personal de la persona interesada, a menos que se trate de una necesidad médica que no pueda esperar.
Asimismo, cuando se proponga una intervención médica para abordar la intersexualidad en una persona menor de 18 años, el equipo médico debe buscar la autorización de un panel independiente.
Además, debería haber sanciones penales para quienes incumplan estos requisitos, exceptuando a los padres. “La comisión opina que los padres no deberían estar sujetos a sanciones penales”, dicen los autores del informe entre sus recomendaciones.